Redacción central
El incendio en la capilla de la catedral de Managua, que provocó la incineración de la imagen de la Sangre de Cristo este viernes, fue catalogada por el cardenal Leopoldo Brenes como un acto terrorista por la forma en que el presunto actor del hecho procedió.
“La capilla no tiene cortinas, ni veladoras. Esto fue un acto de terrorismo», aseveró Brenes, quien agregó que el sujeto planificó todo, hasta por dónde se iba a escapar.
En contraposición con los líderes de la Iglesia católica, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, manifestó que el incendio fue provocado por los devotos que dejaron encendidas veladoras cerca de la capilla.
Según versiones de testigos de ese hecho, un hombre encapuchado entró a la catedral y preguntó dónde estaba la capilla de la Sangre de Cristo. Este procedió luego a lanzar una bomba molotov, que provocó el incendio.
Antecedentes de condenas por terrorismo
En 2018, la jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó al opositor Chester Membreño a 20 años, por terrorismo. Al sumarle otros delitos, Membreño fue condenado a 30 años de prisión, en el contexto de la crisis.
En ese contexto, en Nicaragua hubo más de 700 presos políticos a los que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo les imputó el delito de terrorismo.
Al líder de los campesinos, Medardo Mairena, también le imputaron ese delito. A Mairena, le recetaron 16 años de cárcel por terrorismo, y al sumarle otros delitos, se le impuso una condena de 216 años de prisión, la más larga de todos. El juez orteguista Edgar Altamirano, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, fue quien juzgó al líder campesino.}
A un policía antimotín, enjuiciado por negarse a disparar contra los manifestantes desarmados en el contexto de la crisis, también se le imputó el delito de terrorismo y lo sentenciaron a 15 años de prisión. La juez Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, también condenó a un cuñado, al padrastro y un vecino del ahora exantimotín con el mismo delito y la misma pena.
Edwin Carcache, Yubrank Suazo, Cristian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, Amaya Coppens y cientos más de presos políticos también fueron enjuiciados por el mismo delito, y posteriormente fueron dejados en libertad por medio de la famosa ley de amnistía que mandó a crear el Gobierno de Ortega.
Ley contra el financiamiento al terrorismo
En el contexto de la crisis sociopolítica del país, el Gobierno mandó a aprobar la Ley número 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Según esa ley, actos terroristas “son aquellos que tengan como objetivo causar la muerte o lesiones físicas y/o psíquicas contra cualquier persona, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población u obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.
Por otro lado, define a un terrorista como “cualquier persona que de forma individual o en conjunto con otras personas u organización delictiva por sí o por interpósita persona u organización, cometa o intente cometer actos terroristas por cualquier medio, directa o indirecta y de manera deliberada; participa como cómplice en actos terroristas; organiza o dirige a otros para cometer actos terroristas; contribuye a la comisión de actos terroristas por parte de un grupo de personas que actúa con un propósito común, cuando la contribución se hace intencionalmente y con el objetivo de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo de cometer un acto terrorista”.
La ley generó una ola de críticas y, como se esperaba, fue utilizada para enjuiciar a presos políticos.
En octubre de 2018, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quiso reducir las críticas que estaba recibiendo esa ley y afirmó que “el delito de terrorismo no fue creado por la Ley 977, sino por la Ley 641, Código Penal, vigente desde mayo del 2008”.
“Y es el tipo penal que está utilizando el Ministerio Público para acusar a estas personas, de conformidad con el artículo 394 de dicho código, que establece: Terrorismo. Quien actuando al servicio o colaboración con bandas, organizaciones o grupos armados, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas, incendios, inundación, o cualquier otro acto de destrucción masiva, realice actos en contra de personas, bienes, servicios públicos y medios de transporte, como medio para producir alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella, alterar el orden constitucional, alterar gravemente el orden público o causar pánico en el país, será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión”, sostuvo Ramos.
Caso premeditado
Aunque la vicepresidenta Murillo minimizó el posible origen del incendio y resultados de las investigaciones que provocó severos daños y quemó la venerada imagen de la Sangre de Cristo, mencionó que la Dirección de Bomberos Unificados, que controló el incendio, así como peritos de la Policía Nacional, se encargarían de las investigaciones, y que en las próximas horas emitirían “el dictamen sobre las causas” del incendio.
“Estamos muy pendientes de los resultados de ese peritaje. Les hemos pedido que sean rápidos para que podamos tener todos, la información necesaria sobre las causas de este incendio”, dijo Murillo.
- Leer más: Destruyen con bomba incendiaria la capilla de la Sangre de Cristo en la catedral de Managua
La Arquidiócesis informó en un comunicado que se trataba de un acto premeditado, ejecutado por una persona desconocida que ingresó al templo, se dirigió a la capilla y arrojó una bomba produciendo el incendio. “Es un acto de sacrilegio y profanación totalmente condenable”, indicó el comunicado de reacción de la Arquidiócesis de Managua.
“Me uno a mi hermano Card. Leopoldo J. Brenes, al condenar con profundo dolor el sacrilegio contra la consagrada imagen de la Sangre de Cristo. Coincido con él que en esa capilla, que conozco muy bien, no hay velas ni cortinas. Fue un acto terrorista planificado contra la fe del pueblo católico de Nicaragua”, expresó monseñor Silvio Báez.
