**Durante la presentación de un informe temático el organismo concluye que el Estado de Nicaragua “no ha investigado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas” en el país.
Redacción / IP Nicaragua
La situación de los presos políticos es un método que el Gobierno de Daniel Ortega utiliza para transmitir un mensaje de “temor” y mantener el “control” sobre la población nicaragüense, concluye el informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos”.
Durante la presentación del informe la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, señaló que en Nicaragua se han constatado patrones de “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad en el proceso de detención, durante la privación de libertad y excarcelación.
“Los hechos documentados revelan que las personas privadas de libertad han sido tratadas como objeto de intercambio, entre comillas, y de negociación, con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares (…) Desde el inicio de las protestas sociales la privación de la libertad ha sido empleado con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno”, mencionó Urrejola.
Un paso a la justicia transicional
En el proceso de la crisis sociopolítica, la CIDH ha identificado al menos 1,614 detenciones arbitrarias desde el 18 de abril de 2018.
De acuerdo con el análisis realizado por la Comisión, este número podría ser “exponencialmente mucho mayor”, aseguró la comisionada Urrejola.
“Hay detenciones que no son reportadas por el Estado, realizadas por civiles armados, o bien, porque las propias víctimas han evitado denunciar su caso por temor a represalias”, afirmó Urrejola.
Según Urrejola, las detenciones ocurren bajo diferentes dinámicas y modalidades que corresponden con las diferentes fases de la represión estatal.
El informe señala que, los presos políticos que hay en el país es el resultado de detenciones que se dan de “manera masiva, selectiva y múltiple mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, incluso mediante la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura”.
“El Estado de Nicaragua no ha investigado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, no existe información sobre el procesamiento y sanción a los funcionarios responsables de las graves violaciones perpetradas, ni un plan de reparación para las víctimas”, confirmó Urrejola.
La Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Promoción de la CIDH, María Claudia Pulido, explicó que el informe es producto de una estrategia liderada por la comisionada Urrejola como un aporte de la CIDH para eventuales procesos de justicia transicional.
Utilizan el sistema judicial
Por otro lado, el informe analiza las condiciones en la que están los presos políticos, hacinamiento, negligente atención médica, los regímenes de aislamiento por periodos prolongados, además de los tratos o penas crueles a los que son sometidos.
El embajador François Jobinville, representante interino de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó que desde el estallido social de Abril de 2018, los espacios democráticos han desaparecido y el país se enfrenta a una crisis de derechos humanos en la que las “detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como un mecanismo de represión contra miembros de la oposición”.
“Testimonios revelan la grave realidad de las personas detenidas, esa situación es inaceptable. Notamos con preocupación el uso de tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones precarias de detención que amenazan la salud y la integridad de las personas privadas de libertad”, mencionó Jobinville.
Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), confirmó que “el poder judicial es utilizado para condenar a personas por razones políticas, por expresar lo que creen en contra del Gobierno”.
La representante de la CPDH, agregó que en las cárceles del país se utilizan métodos de tortura para “sacar información a los opositores”.
“La mayoría han sido objetos de diferentes formas de tratos crueles y torturas dentro del Sistema Penitenciario”, dijo Sequeira.
Datos reveladores
Allan Gómez Castillo, miembro del Consejo Directivo de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), denunció que al menos 31 de 50 personas que sufrieron encarcelamiento político y que son integrantes de esta organización reportaron violencia sexual al ser interrogadas por las autoridades en el momento de su detención.
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“Esto ha dejado en las expresas y expresos políticos graves secuelas sicológicas, emocionales y físicas, lo que ha generado que las víctimas de estos crimines no denuncien los hechos”, dijo Gómez Castillo.
El relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la CIDH, Stuardo Ralón, concluyó que el informe permite “identificar el designio de las autoridades por ocultar lo que ocurre, así como perpetuar en cierta medida impunidad”.
“La falta de información del Estado no permite identificar la real dimensión en una crisis que mantiene a 115 personas recluidas”, puntualizó Ralón.
