Redacción / IP Nicaragua
Los familiares de los opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Tamara Dávila y José Adán Aguerri demandaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exija al Estado de Nicaragua una «prueba de vida» de sus familiares que siguen incomunicados desde su arbitraria detención.
La Corte IDH celebró este viernes 27 de agosto una audiencia pública de supervisión de medidas provisionales que el tribunal internacional adoptó a favor de los cinco opositores detenidos en Nicaragua.
El Estado de Nicaragua no compareció a la audiencia pese a la convocatoria que esta corte hizo para recibir información detallada sobre la situación de los detenidos.
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Bertha Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, externó a la Corte que las amenazas de muerte, criminalización y las campañas de desprestigio en contra del opositor se encuentran vinculadas al trabajo sobre las violaciones de derechos humanos que ha denunciado.
Maradiaga fue detenido el pasado 8 de junio por la Policía Nacional después de una entrevista en el Ministerio Público.
👩🏿⚖️👨🏿⚖️Se levanta la sesión. Ha finalizado la #AudienciaPública de Supervisión de Medidas Urgentes del Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de #Nicaragua 🇳🇮.
👩🏿💻La puedes ver nuevamente aquí: https://t.co/fOvQAO9v3I#143PeríodoCorteIDH#ProtegiendoDerechos pic.twitter.com/QxszlvPETe
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) August 27, 2021
«Desde entonces no sabemos absolutamente nada sobre el paradero y la situación de Félix, ni su familia, ni sus abogados, ni sus médicos han podido verlo y hablar con él. Tampoco tenemos acceso a su expediente judicial, en este momento solicitamos una prueba de vida porque tiene 80 días de estar desaparecido e incomunicado», denunció Valle.
Cenidh: Represión está «vigente»
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez, agregó que los beneficiarios «permanecen desaparecidos» desde hace tres meses. El Cenidh reafirmó que el contexto de represión en el país está vigente y se agrava cada día.
«La ausencia del Estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento a estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y situación de las personas beneficiarias (…) Se limitan a señalar que los hechos denunciados son inexistentes y no ameritan medidas de protección, el Estado desconoció y descalificó a esta honorable corte», mencionó Núñez.
Carolina Jackson en representación de la familia de José Adán Aguerri externó que el opositor es un «nicaragüense comprometido con su país».
Aguerri fue detenido la noche del pasado 8 de junio después que los policías armados rodearon la casa, saltaron muros y entraron con violencia. El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (Cosep) fue detenido «sin explicación, sin orden judicial y sin permitirle acceso a defensa legal».
«Hoy es un desaparecido político más, otra víctima de la represión por disentir en su forma de pensar y expresar sus posiciones hacia el Gobierno Ortega Murillo. La noche que el régimen lo detuvo arbitrariamente fue la última vez que supimos de él, exigimos que los muestren», dijo Jackson.
De acuerdo con la hija de Aguerri, se han visto sumamente afectados, debido a que su «papá es el pilar» del núcleo familiar.
«Para todos nosotros, en lo emocional, todos, especialmente los más pequeños están impactados si escuchan sirenas o ven uniformados piensan que vienen por ellos, se esconden y se agachan, mis hijos no entienden porque el abuelo ya no hace video llamadas como todos los domingos, ha sido como vivir un duelo», expresó Jackson a la Corte IDH.
«Fue secuestrada»
Por su parte, Javier Hidalgo, hermano de la opositora Tamara Dávila narró que el 12 de junio la Policía entró de forma violenta a la casa, pese al esfuerzo de su hermana por evitarlo para no exponer a su hija de cinco años. «No sabemos cómo se llevaron a Tamara, no sabemos si la golpearon solo sabemos que fue secuestrada por la Policía y esa fue la última vez que la vimos, desde ese día van 76 días», señaló Hidalgo.
El 24 de junio, la Corte IDH otorgó las medidas provisionales a favor de Chamorro, Maradiaga, Granera y Aguerri, en las que requirió al Estado de Nicaragua que procediera a la «liberación inmediata» de los beneficiarios, en un plazo establecido por el tribunal internacional por considerar que están en «extrema gravedad, urgencia y peligro inminente de daño irreparable a los derechos». El plazo se venció el pasado 8 de julio sin que a la fecha el Estado haya cumplido la orientación de esta corte.
Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, expresó que debido a la persecución tuvo que irse al exilio donde se encuentra con «el profundo dolor de no poder llevar ni agua» a su mamá.
Por su parte Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, recordó que han sido víctimas de la persecución de los Ortega Murillo. «Mi único objetivo es reunirme con Juan quien sigue desaparecido», insistió Cárdenas.
