Redacción / IP Nicaragua
Un total de 194 reportes ciudadanos vinculados a 626 anomalías reportó el observatorio Urnas Abiertas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur durante la jornada de votaciones del pasado 7 de noviembre, revela su décimo informe.
El observatorio de la sociedad civil denunció que recibieron reportes desde 18 de los 20 municipios de las regiones autónomas, lo que equivale a un 90% del total de los municipios.
Al menos 72 hechos fueron denuncias de violencia política desde 10 de los 20 municipios de la Costa Caribe, lo que representa el 50%.
Hechos de violencia política
Los hechos de violencia política en el Caribe Norte ocurrieron en Bonanza, Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Siuna, Waslala, y Waspán. Mientras que en el Caribe Sur se reportaron incidentes en Bluefields, la Cruz de Río Grande y Nueva Guinea.
Urnas Abiertas señaló que para la Costa Caribe, como para el resto del territorio nacional, este proceso electoral “no constituyó un proceso democrático, ni representa de ninguna manera la voluntad popular”.
La situación actual de esas comunidades es sumamente crítica, no solo por las manifestaciones sistemáticas de violencia política que continúa ejerciendo la dictadura Ortega-Murillo en todo el territorio nacional, sino también por las invasiones armadas bajo el auspicio del Estado, denunció Urnas Abiertas.
«La militarización de los territorios protegidos y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Para la Costa Caribe la permanencia del Frente Sandinista (FSLN) en el poder representa la profundización de una crisis que data desde años atrás”, señalaron.
Los reportes de anomalías por región
Según detallan en el informe sobre el total de anomalías ocurridas durante la jornada electoral, de la Costa Caribe Norte se recibieron reportes del 100% de los municipios: Bonanza, Mulukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Rosita, Siuna, Waslala y Waspán.
Mientras que de la Costa Caribe Sur recibieron reportes del 83% de los municipios: Bluefields, Desembocadura de Río Grande, El Rama, El Tortuguero, Islas del Maíz (Corn Island), Kukra Hill, la Cruz de Río Grande, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y Bocana de Paiwas.
Solamente de los municipios de El Ayote y Laguna de Perlas no se recibieron reportes.
Coacción del voto
Las acciones para coaccionar el voto se vieron acompañadas, indica el observatorio, por el despliegue de vehículos y recursos del Estado para garantizar la movilización de votantes.
“Durante todo el domingo 7 de noviembre se observó 311 veces el uso de vehículos de instituciones públicas trasladando votantes, en su mayoría coordinados por integrantes de las estructuras partidarias del FSLN. El uso de vehículos del Estado se registró en 15 de los 20 municipios de las Regiones Autónomas, que corresponde a un 75 por ciento”, denunció Urnas Abiertas.
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El Ministerio de Salud (Minsa) fue la institución que más vehículos puso a disposición, seguidos por las alcaldías, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional.
También se observó uso de transporte de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y la universidad Bluefields Indian and Caribbean University (BICU).
Los trabajadores del Estado se encargaron de ofrecer sopas, nacatamales o dinero a cambio del voto, denunció el observatorio.
«Producto del abandono histórico que vive la Costa Caribe existe una política de clientelismo institucionalizada”, dijo un portavoz del observatorio.
El proceso electoral en Nicaragua ha sido desconocido por la Unión Europea, Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional.
El Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución en la que demandan a la Unión Europea (UE) activar la clausula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, lo que provocaría la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial e incluir a Daniel Ortega en la lista de personas sancionadas, tras “orquestar una farsa electoral”.
