Los territorios indígenas y afrodescendientes en Nicaragua siguen sufriendo actos de violencia como asesinatos, torturas, violencia sexual, incendios provocados de viviendas y bienes comunales, amenazas, hostigamiento e invasiones violentas de sus tierras, revela el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh.
Entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, la Oacnudh documentó ocho casos de ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente en Mayagna Sauni, en el núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, indica el informe.
Este año también documentaron varios hechos violentos en la comunidad de Musawás, ubicada también en el centro de la Reserva Bosawás, en Bonanza, Caribe Norte.
Desplazamiento forzado de indígenas y afrodescendientes
La Oacnudh indica que estos hechos violentos provocaron el desplazamiento forzado de pueblos indígenas de sus tierras ancestrales.
Asimismo aseguran que «ha recibido información de que los colonos han tomado aproximadamente 21.000 hectáreas del pueblo Miskitu, y han desplazado por la fuerza a unas 1.000 personas Miskitu, presumiblemente debido a los intereses forestales y mineros de los colonos».
«Se informó a la Oacnudh que las autoridades indígenas se han visto obligadas a exiliarse debido a las amenazas de muerte, y el Gobierno ha impedido a algunas de ellas regresar al país denegándoles la entrada en la frontera. Como resultado, éstas no han podido reanudar sus funciones como autoridades indígenas, lo que puede ser contrario al artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas», agregan.
Resaltan que «la ocupación de tierras por colonos ha afectado gravemente a los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales y su derecho a disfrutar de su propia cultura, este último protegido por el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Lamentan que «muchos han perdido el acceso a sus tierras y territorios, incluidos bosques y ríos, lo que les impide recoger agua y llevar a cabo actividades agrícolas, de caza y recolección que son esenciales no sólo para su derecho a la alimentación, sino también para la preservación de su cultura».
Invasión y contaminación por el oro
A través de un informe de la sociedad civil, la Oacnudh confirma que la minería ilegal de oro también ha aumentado y, en consecuencia, también lo han hecho la contaminación con mercurio del agua, el suelo y el aire, la deforestación y la degradación de los ecosistemas.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que Nicaragua es el país con más concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes de Centroamérica.
El informe señala que «el Estado ha otorgado al menos 69 concesiones mineras a empresas nacionales e internacionales en esos territorios (con otras 72 solicitudes pendientes), en ausencia de proceso alguno conducente a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, tal como establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas».
Existen supuestas concesiones mineras en 21 territorios indígenas, que afectan a los pueblos Chorotega, Matagalpa, Mayangna y Miskitu.
Por otro lado exponen que «los retrasos en los procedimientos de saneamiento de tierras y el aparente establecimiento de gobiernos paralelos que sustituyen a los y las representantes indígenas legítimos elegidos por las asambleas tradicionales, siguen causando incertidumbre en la tenencia de las tierras indígenas, utilizada por los colonos para ocupar violentamente las tierras y cometer graves abusos contra los derechos humanos».
La Oacnudh afirma que ha observado numerosos ataques que destruyen los medios de vida de las comunidades y afectan a los derechos colectivos y a la identidad cultural de los pueblos indígenas, especialmente a su relación con la tierra y el territorio.
Además, según Global Forest Watch, Nicaragua perdió el 11% de su cubierta arbórea y el 28% de su bosque primario húmedo entre 2002 y 2021, las tasas más altas de Centroamérica.
Violencia contra mujeres y niñas indígenas
La Oacnudh denunció en su informe que, las mujeres indígenas continúan sufriendo violencia física, psicológica, económica y sexual, así como formas interseccionales de discriminación tanto en el ámbito privado como en el público.
El 13 de marzo de 2022, la Oficina del Alto Comisionado recibió información sobre el feminicidio de una mujer Miskitu de 21 años, que días antes había sido reportada como desaparecida en el territorio indígena de Klisnak, en Waspan, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Presuntamente fue violada y estrangulada.
Sin embargo, «no hay información disponible sobre investigaciones o presuntos autores llevados ante la justicia».
La Oacnudh también ha sido informada de «la ocurrencia de secuestros y violaciones de niñas indígenas, la mayoría de los cuales permanecen impunes».
Desde agosto de 2022, la Oficina dice que ha documentado tres casos de secuestro y violación de niñas de entre siete y trece años. El caso más reciente ocurrió el 3 de junio de 2023, cuando una niña fue secuestrada en el municipio de Waspam.
«En el momento de redactar este informe, no había información sobre las investigaciones penales. Debido a lo delicado de los casos y al miedo a las represalias, muchos de ellos no se denuncian a las autoridades», señaló la Oacnudh.
Asimismo advierte que «la escasez de instituciones estatales en los territorios indígenas, la desconfianza y el miedo a las autoridades, así como el desconocimiento de las lenguas indígenas entre los funcionarios públicos, ponen en peligro el acceso a la justicia de las víctimas y podrían causar la revictimización de mujeres y niñas. Por ejemplo, el caso de una niña indígena que habría sido secuestrada y violada por un colono de aproximadamente 40 años el 12 de abril de 2022 permanece impune».
