El periodista Miguel Mendoza, preso político en Nicaragua.
Redacción / IP Nicaragua
Las organizaciones Voces del Sur, PEN Internacional, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos e IFEX-ALC demandaron al Estado de Nicaragua la inmediata liberación de los periodistas y comunicadores que están arbitrariamente detenidos desde 2021 por razones políticas.
“Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestro rechazo a los múltiples intentos realizados por el gobierno de Nicaragua para silenciar y amedrentar a la prensa independiente en el país; estas agresiones con el paso de los años – en especial entre 2018 y 2021- han venido escalando ante la inacción de las autoridades”, denunciaron las organizaciones en un pronunciamiento en conjunto.
Las organizaciones firmantes catalogaron el 2021 como “un año nefasto para las libertades de prensa, expresión e información”.
“Periodistas y directivos de medios fueron encarcelados, medios de comunicación confiscados, decenas de periodistas obligados a exiliarse, debido entre otras a las demandas judiciales y aplicación de leyes que cercenan la libertad de expresión», señalaron las organizaciones.
Además impusieron restricción migratoria y confiscación de pasaportes, intensificación de campañas difamatorias en contra de comunicadores independientes emprendidas desde diferentes instancias estatales y replicadas en redes sociales por militantes del partido de gobierno.
«Todas estas fueron parte de las múltiples violaciones o agresiones a las que se vieron expuestos los medios y periodistas independientes», denunciaron.
La aprobación y aplicación por parte del gobierno de una seria de leyes punitivas, ampliamente cuestionadas por los órganos internacionales de derechos humanos, han permitido que a la fecha continúen arbitrariamente privados de su libertad varios periodistas.
El periodista deportivo Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arrellano; tres directivos del diario La Prensa, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann; así como el candidato a la presidencia y propietario de 100% Noticias Miguel Mora; y los exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez siguen arbitrariamente detenidos.
“Las amenazas de criminalización también han afectado a las fuentes informativas, quienes aportan análisis y opiniones a los medios de comunicación necesarias para que los y las periodistas hagan su trabajo. Además, varios abogados defensores de periodistas, también se han visto forzados al exilio. Esto ha contribuido a acrecentar el clima de autocensura en el país”, denunciaron.
Las organizaciones firmantes demandaron al Estado de Nicaragua la inmediata liberación de los periodistas arbitrariamente encarcelados.
«Únicamente han ejercido su derecho de buscar, recibir y difundir información, y en otros casos han puesto en práctica su derecho a opinar y la liberación de todas y todos los presos políticos detenidos arbitrariamente. Ello con el objetivo de contribuir a generar un clima habilitante para el ejercicio de su labor», argumentaron.
El Estado, según las organizaciones, debe restituir los medios que han sido confiscados a Confidencial y 100% Noticias, y «cesar la ocupación de las instalaciones del diario La Prensa».
Insisten que se respetar el ejercicio periodístico, garantizar la seguridad de los y las periodistas, y tome todas las medidas a su alcance para remover los obstáculos que enfrentan para ejercer su labor.
«Exhortamos a las autoridades estatales a cumplir todas las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de periodistas independientes y sus núcleos familiares; dado que en la mayoría de los casos las agresiones y ataques han aumentado significativamente para los beneficiarios», recordaron.
Es importante cesar la criminalización contra las y los periodistas independientes. Además, derogar y abstenerse de aplicar la Ley de Ciberdelitos y los demás instrumentos jurídicos que atentan contra las libertades públicas.
«Que revoque las órdenes judiciales en contra de periodistas, generadores de opinión y fuentes informativas y se abstenga de emitir nuevas», dijeron las organizaciones firmantes.
Por último insistieron en que se debe detener las «abusivas retenciones de pasaportes en contra de periodistas y comunicadores», así como las restricciones migratorias a salir del país con toda libertad.
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