En 2021 Nicaragua volvió a sufrir un aumento de graves violaciones a la libertad de prensa, documentando al menos 702 incidentes de abuso de poder por parte del régimen de Daniel Ortega, cifras que casi se igualan a las 712 restricciones registradas en el 2018, cuando los nicaragüenses sufrieron las acciones más represiva de los últimos tiempos, reveló el Informe de Violaciones a la Libertad de Prensa 2021, realizado por el diario La Prensa.
“Durante el 2021 se cometieron graves restricciones a la libertad de prensa, según los informes de violaciones a la Libertad de Prensa publicados por este diario, al cifra ascendió a 702 incidentes de abusos del poder estatal durante el año, casi el doble de lo observado en el año 2020 que fue de 360 casos y similar a los sucedidos en el años 2018 que fue de 712”, detalló La Prensa en su informe este jueves.
El informe indica que “la coyuntura sociopolítica en la que se encuentra inmerso el país con mayor énfasis a partir de abril 2018, es sumamente preocupante y al cierre del año 2021 no hay señales de que la política de hostilidad en contra de los medios de comunicación y los periodistas independientes frenará”.
Abuso de poder
El abuso de poder, agresiones y procesos judiciales fueron las mayores violaciones que marcaron el 2021. «El uso abusivo del poder estatal es un indicador que mide, entre otras, las acciones orientadas a la asfixia financiera de los medios, la exclusión de los planes de pauta publicitaria estatal, la amenaza o cancelación de frecuencias radioeléctricas, sanciones administrativas y económicas, como multas injustificadas a medios independientes», señala el documento.
“Además restricciones en la compra de insumos y equipos, el corte de servicios básicos, el cierre arbitrario de medios de comunicación y ocupación de sus instalaciones, la imposición de medidas ilegales que solo pueden realizarse bajo el peso de la mano militar, son ejemplos claros de uso abusivo del poder estatal que se viene incrementando en Nicaragua como parte de una política de ataque permanente a los medios de comunicación independientes”, agregan.
Sobre las transgresiones directas contra medios y periodistas independientes, el informe anual reporta 469 acciones, entre los cuales destaca el allanamiento ilegal y ocupación policial de este mismo diario, ocurrido el 13 agosto del 2021; el allanamiento arbitrario por segunda vez de las oficinas del medio de comunicación digital Confidencial; y la consumación de la confiscación de las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias.
Managua donde se reporta más casos de violencia
En el consolidado anual se observa que los casos de agresiones a la libertad de prensa aumentaron exponencialmente a partir de agosto con 80 casos; septiembre: 104; octubre: 107; noviembre: 128; y diciembre: 105. Las denuncias recopiladas a lo largo de 2021 apuntan a que los responsables de la mayoría de las violaciones fueron ejecutadas por agentes estatales (637); agentes paraestatales (31); hechores no identificados (26); y agentes no estatales (8).
En Managua se concentra la mayor cantidad de casos de violaciones a la libertad de prensa, registrándose 592 en todo el 2021. Le sigue la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (45) y León (22). En los demás departamentos los casos se documentaron de la siguiente forma: Boaco 2, Carazo, 3, Chinandega 1, Chontales 1, Estelí 3, Granada 1, Jinotega 7, Madriz 6, Masaya 6, Matagalpa 2, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 4, y Rivas 7.
Durante el 2021 los medios de comunicación independientes fueron víctimas de las peores embestidas del Estado, registrando 469 casos; seguidos de los periodistas, hombres y mujeres, con 124 casos; y en el tercer lugar de las víctimas están: directores, editores y ejecutivos de medios con 76 casos; haciendo notar que se registraron 18 casos de reporteros gráficos.
Asimismo, el informe incorpora la participación que ha tenido el Ministerio Público para atacar a los comunicadores independientes, así como la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) dependencia del Ministerio de Gobernación de Nicaragua y bajo el control del régimen de Ortega, para retener el pasaporte a los periodistas y aplicar la restricción migratoria.
«La práctica periodística en Nicaragua se ejerce en un contexto cada vez más restrictivo, un ambiente más hostil; en el que la violencia directa se combina con la aplicación de leyes punitivas, que violentan los estándares internacionales de Libertad de Expresión», concluye el informe.
«Hemos podido comprobar que las agresiones contra los hombres y mujeres de prensa en Nicaragua no tienen límites; los daños colaterales alcanzan a sus familias que en muchos casos están compuestas por menores de edad y personas de la tercera edad que se ven afectadas en lo corporal y emocional ante la agresividad y constancia de los ataques», agrega.
El documento finaliza con testimonios de periodistas, unos en el exilio y otros bajo anonimato, quienes comparten cómo ha sido ejercer la profesión en medio del hostigamiento, asedio, amenazas y agresión por parte del régimen.
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