SAN JOSÉ, COSTA RICA —Los opositores nicaragüenses Jimmy Antonio Bonilla Gutiérrez, Emmanuel Gutiérrez Larios y el periodista Victor Ticay, quienes fueron detenidos por las autoridades en Semana Santa, no han sido acusados y se desconoce su paradero, denunciaron familiares.
“Que por lo menos digan de qué se les acusa, porque ni siquiera eso. No tienen ninguna acusación, no nos dejan verlos”, reclamaron familiares de los opositores originarios de Nandaime, al sur de Managua.
La justicia nicaragüense acusó esta semana a al menos a siete opositores detenidos incluso después de Semana Santa, sin embargo mantiene en “limbo jurídico” a Bonilla, Gutiérrez y Ticay, dijeron familiares que hablaron bajo anonimato con la Voz de América por temor a represalias del gobierno.
“[Las autoridades] dicen que están ahí, pero nosotros no los hemos visto. Ni siquiera hemos hablado con ellos”, agregaron los familiares.
De acuerdo con el abogado nicaragüense Yader Morazán, experto en temas judiciales, el gobierno está practicando un “nuevo patrón represivo” que consiste en acusar a los detenidos de forma “exprés”.
El gobierno de Daniel Ortega modificó en 2021 el código penal y entre los cambios amplió el tiempo de detención de un individuo bajo sospecha de un delito por hasta 90 días, en lugar de las 48 horas que contemplaba antes, pero para ello se realizaba una audiencia especial «de garantía». En los últimos meses el proceso de encausamiento se ha acelerado, dijo Morazán. Algunos opositores ya han sido acusados y el Estado aparece como víctima en los documentos judiciales, agregó.
“Han acusado a siete personas en esta nueva causa y es posible que, bajo ese mismo patrón, acusen a más personas (…) bajo lineamientos que generalmente se dan para todos los casos”, dijo Morazán.
El gobierno nicaragüense no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario de la Voz de América.
Organismos de derechos humanos denuncian lo que denominan una “puerta giratoria” del gobierno de Daniel Ortega, que consiste en liberaciones de opositores presos, pero nuevas detenciones.
A inicios de febrero, Ortega liberó a 222 presos políticos y les quitó la nacionalidad tras ser acogidos por Washington bajo un parole humanitario, sin embargo el gobierno reinició los arrestos de opositores en abril.
El observatorio Monitoreo Azul y Blanco, que realiza informes mensuales sobre la violencia del Estado, recapituló que en Semana Santa 21 personas fueron detenidas por motivos políticos en Nicaragua.
Braulio Abarca, abogado y defensor de derechos humanos, dijo a la VOA que «el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa deteniendo arbitrariamente a personas nicaragüenses percibidas como opositoras, lo cual genera un efecto de puertas giratoria de liberar a algunas y encarcelar a otras”.
Carlos Guadamuz, abogado del Colectivo de Derechos Humanos, enfatizó que el mecanismo utilizado por el gobierno de Ortega «es una forma de liberarse de la presión internacional» y a la vez de castigar a sus críticos.
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