Recinto URACCAN Bilwi. IP Nicaragua/Tomada de la página de URACCAN
Para la Costa Caribe de Nicaragua, la constitución de las universidades de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), representan un logro de autonomía universitaria.
La líder afrodescendiente Dollene Miller explica a IP Nicaragua que estas universidades son el fruto de un proceso de autonomía que inició hace aproximadamente 30 a 35 años.
Para Miller es importante resaltar que las universidades URACCAN y BICU nacen de una iniciativa y por una necesidad de encontrar alternativas para la educación superior de muchos pueblos indígenas y afrodescendientes.
«Especialmente cuando estamos abordando que no ha habido o nunca hubo la iniciativa del Estado de incluir o de crear universidades públicas en la Costa Caribe para mejorar las condiciones de educación superior lo que se ha tenido que hacer es emigrar hacia el Pacífico para darle salida a esta necesidad de educación superior para el bienestar de nuestra población», explica Miller.
El 29 de septiembre, sin embargo, el régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de estas universidades, incluyendo además unas 100 organizaciones sin fines de lucro.
Según el Acuerdo Ministerial 07-2022-OSFL, publicado en La Gaceta, la cancelación se debe a “cambio de figura jurídica”.
El documento dice además que “su funcionamiento continuará como Universidades Comunitarias e Interculturales”.
«Guardamos con mucho celo (la cancelación) y estamos a la expectativa de lo que puede pasar al cambiar la figura jurídica de estas dos universidades, hace aproximadamente dos semanas cuando escuchamos que fue el Ministerio de Gobernación que decidió cambiar la figura jurídica de organización no gubernamental sin fines de lucro a universidades públicas», explica Miller.
Según Miller, la naturaleza de la universidad no cambia porque se sigue manteniendo una orientación comunitaria intercultural.
No obstante, al cambiar su figura jurídica, su estatus comunitario que fue aprobado por los consejos regionales autónomos, «pues lógicamente entra dentro del contexto y la rigurosidad que define el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la ley de educación superior», dice Miller.
La líder comunitaria explica que hay dos aspectos que se deben valorar y uno de ellos consiste en observar si estas dos universidades obtendrán mayor beneficio del 6%, porque entre las dos ni siquiera suman el 11% de ese monto presupuestado a nivel nacional.
Lo otro es tener en cuenta que las características de las universidades no se orienten a la formación y la creación o el fortalecimiento de ideologías políticas orientadas hacia fines e intereses nacionales.
«Las dos universidades con mucho esfuerzo han cubierto prácticamente toda la región (…) Hay que esperar cuál va a ser esta reacción, yo considero de que lo que significa para nosotros es de arrancarnos un patrimonio autónomo para incluirlo dentro de un contexto nacional que no goza de autonomía y que por ende puede crear un conflicto ideológico entre procesos autonómicos y la visión de nación en un contexto político que no va a contribuir a fortalecer el proceso de autonomía ni a profundizar lo que eso significa para la Costa Caribe», analiza Miller.
Miller considera que desde hace mucho tiempo las universidades están orientadas hacia fines políticos partidarios y se sabe que las universidades son centros de pensamiento crítico.
«Hay una dependencia del 6% del presupuestario nacional y que además de eso tendrán que crear nuevos lineamientos para acceder a fondos de ese presupuesto nacional», dice.
Hasta el momento, aunque estas universidades fueron despojadas de su personería jurídica, la razón social se mantiene y el nombre.
«No es como otras universidades que al quitarle personería jurídica lo que hacen es cambiarle los nombres y esto no está sucediendo, en este caso es simplemente cambiar su estatus de no gubernamental sin fines de lucro a una institución de carácter educativo hacia nivel de educación superior», aclara Miller.
La URACCAN tiene presencia en las dos Región Autónoma de la Costa Caribe con cuatro recintos universitarios ubicados en Bilwi, Bluefields, Las Minas y Nueva Guinea, adicionalmente tiene extensiones en Waspam, Rosita, Bonanza y Waslala. Posee además cuatro emisoras de radio y un canal de televisión.
En tanto la BICU tiene ocho sedes, cuatro en el sur: Bluefields, Laguna de Perlas, El Rama y Corn Island y cuatro en el norte, ubicadas en Bilwi, Waspam, Bonanza y Paiwas.
Miller considera que estas dos universidades no fueron eliminadas para evitar que se piense que fue una acción extremadamente discriminatoria porque el Estado de Nicaragua no proporcionó universidades para la Costa Caribe del país.
«Tuvimos que crearla y por lo tanto si lo cancelan sería un ataque directamente al derecho de nuestros pueblos, a la educación superior porque el Estado no lo brinda, nosotros lo buscamos», explica Miller.
Miller expone que tienen temor que estas universidades pasaran a manos privadas y asegura que sería lamentable porque son de carácter comunitaria y prevalece la autonomía porque están dentro de las regiones autónomas y fueron amparadas con la Ley de Autonomía a través de resoluciones del Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur.
Por lo tanto la formación de profesionales y de técnicos para el desarrollo de la Costa Caribe tiene que ir de la mano con los planes y programas nacionales regionales municipales y comunitarias, puntualiza.
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