Encarcelar, asediar y desterrar son las principales acciones que enfrenta la Iglesia católica en Nicaragua por la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018, año en que se desataron las protestas en contra de unas reformas a la seguridad social.
Desde entonces, la Iglesia acompañó a los jóvenes, la mayoría estudiantes, a mediar con Ortega y Murillo y evitar más muertes, que según organizamos de derechos humanos, fueron más de 300. Luego surgieron las represalias, incluso se han cancelado personerías jurídicas a organizaciones que estaban al mando de la Iglesia.
El caso más emblemático es la detención y condena de 26 años de prisión en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa. También hay desterrados y obligados al exilio.
Sin embargo, en los últimos meses el régimen negó la entrada al país de varios religiosos.
El caso más reciente es el del sacerdote Eladio Sánchez, quien pertenece a la Diócesis de León. Él se encontraba en Italia estudiando y debió regresar a Nicaragua para sepultar a su hermano Orlando Sánchez.
La abogada Martha Patricia Molina hizo publico este caso. “El ha querido darle el último adiós y acompañar a toda su familia en este momento de angustia y dolor pero la dictadura Ortega-Murillo le ha prohibido el ingreso al país”, dijo en su cuenta de Facebook.
Los sacerdotes William Mora y Tomás Sergio Zamora Calderón, no pudieron entrar a Nicaragua este 11 de agosto luego que regresaran de Lisboa, Portugal, donde participaron en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
Molina también denunció este hecho en sus redes sociales. «Él era Responsable de la pastoral juvenil diócesis de Siuna. El padre Mora tenía una vida pastoral activa en su comunidad que ahora se pregunta que será de ellos sin su pastor», explicó la abogada.
Mora era párroco de la Parroquia Cristo Rey-Ubu Norte de Paiwas, Hasta ahora se desconoce en qué país se encuentra.
Zamora era párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros de Malpaisillo. Además fue responsable y el tesorero de Cáritas de León, organización que también fue confiscada y quitada la personería jurídica. «Su comunidad se encuentra consternada con la noticia porque era un cura dinámico y muy cercano a su pueblo», dijo Molina.
«Semanas anteriores había recibido una visita de cortesía de parte de una autoridad de la CSJ. obviamente esas visitas siempre son intimidatorias», denunció la abogada.
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