El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a tres funcionarios judiciales de Nicaragua «involucrados en abusos contra los derechos humanos» cometidos por el régimen nicaragüense de Daniel Ortega.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a Ernesto Rodríguez Mejia, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua; Nadia Tardencilla, jueza del Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua y Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
«Estos tribunales confirmaron decisiones que revocaron la ciudadanía de más de 300 ciudadanos nicaragüenses», refiere el Departamento de Estado.
«El régimen de Ortega continúa participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición más vocales en Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“Estados Unidos continuará apoyando al pueblo nicaragüense en su esfuerzo por restaurar las instituciones democráticas”, agregó Nelson.
Según Estados Unidos, el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
A Rodríguez Mejía se le designa después que el 15 de febrero de 2023 anunció la decisión de la Corte de despojar a 94 ciudadanos nicaragüenses de su nacionalidad, declarándolos «traidores».
«Los individuos desnacionalizados eran críticos abiertos del régimen de Ortega e incluían destacados periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros del clero», indica la designación emitida este miércoles.
Por su parte, Rothschuh Andino fue designado por ser funcionario del régimen. Desde 2021, Rothschuh ocupa el cargo de presidente electo magistrado de la Corte de Apelaciones de Managua y el 10 de febrero de 2023 anunció la decisión del tribunal de deportar a 222 nicaragüenses, declarándolos traidores a la patria.
Mientras que, la jueza Tardencilla se ha destacado en esta etapa de represión porque fue quien emitió una orden judicial que despojó al obispo católico Rolando José Álvarez Lagos de su ciudadanía nicaragüense y lo condenó por traición, menoscabo de la integridad y autoridad nacional, obstrucción agravada y difusión de noticias falsas.
La nota publicada por el Departamento del Tesoro explica que la Corte de Apelaciones del Distrito de Managua declaró a 222 ciudadanos nicaragüenses «traidores al Estado y los despojó de su ciudadanía».
El 15 de febrero de 2023 a otras 94 personas se les «revocó la ciudadanía y fueron declaradas fugitivas de la ley».
«Uno de los jueces designados hoy (19 de abril) emitió una orden de sentencia que impone penas a un destacado obispo católico nicaragüense a quien se le dio la oportunidad de salir de Nicaragua junto con las 222 personas que partieron, pero se negó a exiliarse», indica.
Estados Unidos se refiere al obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y declarado traidor por ser «crítico con el régimen». «Estas acciones reflejan el desprecio del régimen por los derechos humanos en Nicaragua».
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