Redacción / IP Nicaragua
«Me duele el alma, yo no quiero tener un hijo», fueron las desgarradoras palabras de una niña de 12 años que hace dos meses dio a luz a una bebé producto de una violación.
La menor narró frente a un juez de Managua el “infierno” que ha vivido desde que tenía 10 años.
Fue la edad en la que comenzó a sufrir las agresiones sexuales por parte de un hombre de 41, pareja de su hermana mayor, quien se aprovechaba de ella y bajo amenazas cometía el delito.
La pequeña se enteró de su embarazo cuando tenía 3 meses. Aún siendo una niña, su madre le dijo que el bebé no tenía culpa, sino del agresor, por lo que debía de dar a luz.
“Antes me gustaba jugar, ahora soy como un poco aburrida, no tengo ganas de hacer nada” relató la víctima.
La menor no pudo realizarse un aborto, pese al riesgo que corría de perder su vida.
En Nicaragua desde el 2006 está practica es penada y la mujer que realice la acción puede enfrentarse hasta a dos años de cárcel, aunque se trate de una violación.
El agresor fue detenido por la Policía, tras una denuncia de la familia, el hombre ya fue declarado culpable de los delitos de violación.
Fue acusado de abuso sexual y lesiones psicológicas, tras confirmarse a través de un examen de ADN, realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML), que él es el padre biológico.
De acuerdo con Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCLV), solo en enero de 2022, se registraron 12 abusos sexuales a niñas y adolescentes.
La cifra puede ser mayor, porque existe un silencio en las víctimas al ser la mayoría de agresores, familiares cercanos.
“En lugar de ser el agresor el que sienta vergüenza por este tipo de delito, es la familia que, por vergüenza, por miedo, se callan y más si tiene lazos familiares, normalizan la violencia sexual y se quedan con el trauma”, expresó Mejía.
La psicóloga clínica Andrea Pomares explicó que, en casos de embarazos en adolescentes, tanto la víctima como al bebé se le debe dar especial atención para evitar o combatir los trastornos que sufren al ser víctimas de violación o abuso sexual.
Pomares señaló que también se pueden desarrollar trastornos afectivos y de conducta, “ya que una niña de 12 años, no ha desarrollado las hormonas que necesita una mujer para ser madre”.
“La familia es un pilar fundamental para que las niñas no caigan en una depresión o incluso un suicidio, considero que debe de brindarse una atención a la salud mental”, recomendó Pomares.
La especialista apuntó que las autoridades deben jugar un papel muy importante, pues es su deber darle un seguimiento continuo para valorar la evolución tanto de la madre, como del bebé.
«El hecho de ser mamá no significa que esté preparada para una nueva responsabilidad emocional, económica y social, es ahí donde la familia debe brindar apoyo, abrigo y aceptación, que en ese momento se necesita mucho», subrayó Pomares.
La experta recomendó que tanto la familia, las autoridades y la sociedad en general, debe crear un enfoque hacia la prevención de embarazos, aunado a la educación y a la erradicación de la violencia machista, que es otro problema en el país.
El Repositorio Centroamericano (SIIDCA) explicó que uno de los problemas que enfrentan los países a nivel regional es el embarazo en adolescentes.
El 24.4% de los embarazos en este Nicaragua son de adolescentes, es decir 92 de cada 1,000 mujeres menores, son madres.
El estudio indica que las adolescentes tienen el doble de probabilidad de morir a causas de complicaciones durante el embarazo, y las menores de 15 años de edad, tienen un riesgo 4 veces mayor.
“Nicaragua se aleja más de la probabilidad de cumplir con uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como es la reducción de la mortalidad materna, ya que ha registrado un incremento de 30% en embarazos adolescentes en los últimos 10 años”, señaló el estudio.
En Nicaragua la penalización del aborto pone en riesgo vida de niñas y mujeres. Los médicos que realicen esa práctica pueden pasar hasta seis años bajo prisión, así lo estipula el Código Penal de Nicaragua.
El abogado Hugo Sánchez explicó «en el artículo 143, de la Ley 641, dice claramente que quien provoca un aborto, aún con el consentimiento de la mujer, será sancionado.
La pena a imponer es de uno a tres años de prisión si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la inhabilitación hasta de 5 años sin ejercer su profesión.
«En este caso la menor no decide su situación, si fuera su madre que autorice el aborto, ella sería la persona que se enfrentaría las leyes», dijo el abogado.
El obispo expresó su descontento durante la misa vespertina del domingo pasado, por que el…
Un joven nicaragüense que migró a Costa Rica desde pequeño, realiza prótesis a personas de…
El Gabinete tradicionalmente incluye al vicepresidente y a los líderes de los 15 departamentos del…
Freedom House reveló en su último informe que la libertad de internet en Nicaragua continúa…
El caso del asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona López llegó a la Corte Interamericana…
La productora Destiny Entertaiment, anunció que este 1 y 2 de octubre estarán disponibles boletos…