El Día de los Pueblos Indígenas en Nicaragua se enmarca en una serie de situaciones que han dejado desplazamientos forzados, asesinatos y hasta despojo de sus territorios ancestrales a la población en los últimos diez años.
“Un día como hoy, lo que prevalece es un grito de resistencia”, dice un líder comunal que pide anonimato por su seguridad y la de su familia.
En el país, existen diversos pueblos indígenas, la mayoría ubicados en la Costa Caribe. Entre ellos se cuentan los Ulwas, Mayangnas, Ramas y Miskitos, gran parte de ellos, ubicados en Bluefields, Bilwi, Corn Island, Laguna de Perlas y Waspam.
La crisis de derechos humanos en la Costa Caribe de Nicaragua se agudizó en 2015, año en el que incrementó la invasión y despojo violento de los territorios indígenas constitucionalmente reconocidos.
Desde entonces se documentan múltiples asesinatos, secuestros, desapariciones, violaciones sexuales y otras agresiones, así como el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
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El despojo y la violencia perpetrados han derivado también en una crisis alimentaria que “pone a los pueblos indígenas de Nicaragua al borde del etnocidio”, señalan para este reporte, otros líderes comunales de esta zona.
Régimen les da la espalda
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, (CEJIL), publicó el informe llamado “Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida”, en el que denuncia los atropellos contra estas etnias.
Cejil brinda acompañamiento legal a personas defensoras y a comunidades miskitas en la Costa Caribe de Nicaragua, beneficiarias de medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, (SIDH).
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Sin embargo, el régimen de Nicaragua omite el reclamo de estos pueblos y miles de familias que se han exiliado en Honduras y Costa Rica huyendo de la agresión y despojo de sus territorios, según el informe.
Actualmente, la celebración de este día, está marcado por la propaganda política del régimen Ortega-Murillo que se impone sobre los consejos y gobiernos autónomos de las dos regiones autónomas.
A través de sus fanáticos, la dictadura controla las sesiones de los gobiernos regionales que prácticamente se han convertido en asambleas informativas sólo para ratificar los mandatos “politiqueros” que llegan desde Managua y que para nada, favorecen a las comunidades indígenas.
Exilio forzado
A raíz de la crisis sociopolítica que vive el país, varios líderes indígenas fueron forzados al exilio.
Incluso al diputado y representante del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nani Asla Takanka (Yatama), Brooklyn Rivera, le impedieron volver al país.
El diputado dice en un video que entró de forma irregular y le recuerda a Ortega que le asiste el derecho internacional
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La Oficina de las Naciones Unidas anteriormente se pronunció sobre la persecución contra las comunidades indígenas que han sido desplazadas debido a la persecución en sus tierras.
Según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) son más de 1.000 los indígenas desplazados forzosamente hacia otras comunidades fronterizas sobre todo con Honduras.
El informe de CEJUDHCAN indica que el régimen ignoró los conflictos armados en las comunidades indígenas que dejaron más de 60 comunitarios asesinados entre los años 2011 y 2023.
“El viejo del sombrero” y sus saqueadores
El territorio indígena Rama permanece bajo asedio y vigilancia desde que en el 2019 el régimen instaló una estación policial y una oficina que supuestamente es una sede universitaria.
Para los indígenas sólo es una excusa para apoderarse de instalaciones que son de la comunidad como en el caso de Tik Tik Kanuh, un organismo comunitario a quienes les confiscaron sus bienes.
Además denuncian la apertura de trochas supuestamente para facilitar caminos hacia las comunidades, las que realmente utilizan para la extracción de madera de los bosques de la zona.
Desde el 2020, el régimen a través del politizado Consejo Nacional de Universidades (CNU), instaló una maqueta donde anuncian la construcción de lo que llaman Primera Universidad Indígena de Agricultura y Ganadería en la comunidad Tiktik Kanú, ignorando la existencia de las universidades caribeñas URACCAN y BICU, convertidas actualmente en comandos de agitación del partido orteguista.
Los líderes del pueblo Rama señalan que el encargado de destruir el territorio es Orlando Pineda, quien no solo llega a regañar públicamente al alcalde Gustavo Castro y los rectores de BICU y URACCAN, si no que exige que desde las escuelas indígenas, lo reciban con alfombras y flores y los niños hablen o canten canciones del partido de la dictadura.
“Este señor que dice que es profesor, en las comunidades le dicen el viejo del sombrero. Aquí se la ha visto venir y maltratar a los comunitarios, viene siempre con gente mestiza y da órdenes como dueño de la zona. Esos mestizos que llegan con él, después se quedan saqueando el territorio Rama, sus recursos”, denunciaron comunitarios.
Indígenas resisten a la pérdida de sus territorios
Desde febrero del 2020, la Oficina de la Alta Comisionada, ha urgido a la dictadura que debe investigar a fondo y de manera independiente e imparcial, todos los atropellos reportados contra las comunidades indígenas y a procesar judicialmente a los responsables, pero el régimen sigue ignorando la demanda.
Al contrario, los pueblos indígenas “perciben su desprecio” y los acusan de ser el principal impulsor de la ocupación y colonización de los territorios, que permite a sus empresarios, tomarse sus tierras y llevarse las maderas de sus bosques.
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Uno de los grandes desafíos es detener la invasión a sus territorios, las concesiones mineras, la violencia desatada contra comunitarios indígenas y en la comunidad entera.
“Sin esto, habrían cantos y danzas en las comunidades, pero lo que hay es lamento y tristeza, ven como otros destruyen sus medios de vida y se apoderan de las tierras de sus ancestros”, reitera una lideresa ulwa.
