Departamento de Estado: «No hay una investigación oficial sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua»

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe anual sobre derechos humanos que en Nicaragua aun no hay investigación oficial sobre los funcionarios que supuestamente han violado los derechos fundamentales en el país centroamericano.

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El reporte destaca que  el presidente Daniel Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre después de «encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición» y bloqueando la participación de partidos opositores.

Estados Unidos detalló que el Gobierno de ese país sigue sin investigar ni perseguir a las autoridades que cometen violaciones de los derechos humanos, incluidos «los 355 asesinatos y los centenares de desapariciones» ocurridas durante las protestas contra Ortega de 2018.

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El reporte, publicado anualmente, señala un aumento en los abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en ambos gobiernos, a los que acusa de mantener una impunidad “endémica” tanto frente a las denuncias contra la policía y los militares como a los actos de corrupción.

Con respecto a El Salvador, el informe hace énfasis en el aumento a los ataques a la prensa, que incrementaron en más de un 70% en comparación con el 2020.

La Asociación de Periodistas de El Salvador “registró 173 violaciones al ejercicio del periodismo, un incremento del 73% en comparación con el 2020”, señala el informe y reseña que entre los actos reportados se encuentran las agresiones físicas, el acoso digital, la intimidación y el bloqueo a la información pública.

El informe, que reseña la situación de los derechos humanos en 198 países del mundo, también señala denuncias de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional Civil en El Salvador.

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En concreto, el informe detalla que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador investiga siete casos de muertes a manos de miembros de la policía.

“La impunidad persiste en las fuerzas de seguridad, la rama ejecutiva y el sistema judicial”, asegura el informe.

Con respecto a Cuba, el informe subraya un aumento “dramático” en el número de arrestos arbitrarios y de prisioneros políticos.

“En el mundo hay más de un millón de prisioneros políticos en 65 países”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en una rueda de prensa donde se presentó el informe. “Más de 600 personas están injustamente encarceladas en Cuba por formar parte de protestas pacíficas en julio”, apuntó, en referencia a las manifestaciones que se registraron por toda la isla el año pasado.

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Según el reporte, como resultado de las protestas del 11 de julio en Cuba, aumentaron las detenciones arbitrarias de 5.000 a 8.000 en comparación con el año anterior.

“La ONG Justicia 11J estima que 710 [personas] permanecen en detención”, subraya el texto, “el régimen usó de manera expansiva una sección del Código Penal que permite al gobierno condenar a personas de uno a cuatro años de cárcel por actos no criminales que son considerados antisociales”.