La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) exhortó al Estado de Nicaragua que se abstenga de «enjuiciar y ejercer represalias» en contra de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez, líderes del partido indígena (Yatama).
Lo anterior quedó establecido en una resolución de medidas urgentes en la que ordena a Nicaragua liberar de inmediato a los líderes políticos indígenas de oposición.
«Requerir al Estado que se abstenga de enjuiciar y ejercer represalias en contra de los beneficiarios, los familiares y representantes a causa de la información que ha sido aportada a la Corte a través de la presente solicitud de medidas provisionales y de futura información que presenten a este Tribunal», señala la resolución.
En la resolución, firmada por el juez Ricardo C. Pérez Manrique, se le recuerda al Estado nicaragüense que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 53 de su Reglamento, los «Estados no podrán enjuiciar ni ejercer represalias contra los familiares y representantes a causa de la información que ha sido aportada ante esta Corte».
Desde el 29 de septiembre de 2023 se desconoce el paredero de Rivera, después que policías irrumpieron en su casa en la ciudad de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
Mientras que, Nancy Henríquez, quien fungía como diputada suplente de Rivera y presidenta del partido Yatama, aparentemente está aislada en una cárcel para mujeres desde que la detuvieron el 11 de octubre de 2023.
Ambos, según la Corte-IDH «fueron despojados arbitraria e ilegalmente de su escaño parlamentario, pues no se habrían cumplido los procedimientos establecidos en la ley».
Posteriormente, el Consejo Supremo Electoral, dirigido por magistrados afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, canceló la personería jurídica de Yatama.
La Corte-IDH demandó al Estado nicaragüense «proteger y garantizar su derecho la vida, salud,integridad personal, y libertad personal» de los líderes opositores.
Por otro lado, solicitó que se «informe de manera oficial el lugar y condiciones de detención» y se les permita el «contacto con sus familiares y representantes legales».
Finalmente, se deben adoptar las «medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas», principal y suplente, según corresponda, de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Las medidas adoptadas por la Corte-IDH alcanzan a los núcleos familiares de Rivera y Henríquez.
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