Redacción / IP Nicaragua
Las mujeres periodistas se enfrentan a ataques de distinta índole, en línea y físicos, que ponen en peligro su integridad.
En Nicaragua estos ataques pueden ir desde el acoso, la estigmatización, la expresión de odio y la agresión física. Las mujeres periodistas se han enfrentado a la cárcel y muchas otras han tenido que recurrir al exilio para ponerse a salvo.
Elba Ileana Molina es una periodista con 13 años de trayectoria y es actual colaboradora de Canal 10 como corresponsal del equipo noticioso Acción 10 en el departamento de Carazo y ha sido víctima de agresiones y ataques en su contra que atentan contra su seguridad.
Desde el inicio de la crisis sociopolítica los periodistas nicaragüenses sufren persecución estatal. La Policía Nacional, los grupos paramilitares y fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren silenciar a la prensa independiente del país.
Debido la situación de represión que se vive previo al 7 de noviembre Molina acordó con la jefatura de prensa del canal no dar cobertura al proceso de elecciones, debido a las amenazas recibidas.
El 7 de noviembre, en horas de la madrugada, personas no identificadas rompieron el vidrio de su vehículo que se
encontraba parqueado en su vivienda, una situación que Molina no quiso denunciar ante las autoridades policiales.
«Me dejaron mensaje en mi teléfono que no me querían ver en las calles dando cobertura, sino que me atuviera a las consecuencias, esa fue una amenaza directa para no salir todo el día y buscar como resguardarme en una casa de seguridad», dijo la periodista.
Una semana después aparecieron pintas en las paredes de su domicilio con frases amenazantes como: «FSLN te sorprenderá», «plomo» y «estás vigilada».
La periodista señaló que se trata de una actitud de cobardía de simpatizantes del gobierno y advirtió que para ese momento llevaba dos semanas vigilada.
«No podes subestimar las amezanas de los fanáticos del partido de gobierno, porque las consecuencias serían mayores. Muchas veces nos quedamos callados y otra se corre el riesgo de ser denunciadas públicamente», dijo a Molina IP Nicaragua.
Molina es una reconocida periodista en el departamento de Carazo que se destaca por participar en varias iniciativas de apoyo a personas de escasos recursos.
«Los mensajes no dejan de llegar a mis redes sociales y mi teléfono», denunció la periodista.
El 22 de diciembre de 2018 la periodista Lucía Pineda fue encarcelada después que la Policía Nacional allanó y clausuró el Canal 100% Noticias, abiertamente crítico al gobierno de Ortega y Murillo.
Fue un golpe contra la prensa nicaragüense y contra la comunicadora que estuvo en prisión hasta el 11 de junio de 2019.
A Pineda no le gusta marcar diferencias entre la agresiones que sufren hombres y mujeres periodistas, pues en Nicaragua el régimen los persigue por igual y trata de acallar toda voz crítica o de denuncia, enfatizó la profesional de la comunicación.
«El régimen persigue las ideas, encarcela a quienes se expresan sin temor, a quienes escriben y realizan sus notas periodísticas, reprime a defensores de derechos humanos, activistas opositores, precandidatos, estudiantes, campesinos, adultos mayores, por sus ideas y esas ideas las expresan hombres y mujeres valientes», explicó Pineda a IP Nicaragua.
Después de permanecer 171 días en prisión y conocer testimonios de otras mujeres que estuvieron presas en el país centroamericano, Pineda concluyó que es notorio resaltar que estando tras las rejas «se esmeran en ensañarse con las mujeres».
La periodista, que estuvo arbitrariamente detenida durante casi seis meses, los primeros días en el centro penitenciario «El Chipote» y el resto en la cárcel de mujeres «La Esperanza» sufrió torturas físicas y psicológicas en prisión.
«Creo que esa arremetida le cae doble a las mujeres por el hecho de ser mujer, más frágil, y quieren quebrarte ya sea estés dentro de una cárcel o estés todavía fuera de una cárcel», mencionó Pineda.
Tras ser liberada la periodista afirmó que en «El Chipote», debido a que los servicios higiénicos no servían se vio obligada a defecar en sus propias manos por dos semanas y poner los restos en bolsas.
«El periodismo no es una profesion peligrosa si estuvieramos en un país democrático donde se respeten las libertades. El país, Nicaragua, bajo el régimen criminal y atroz de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es un país peligroso para ejercer la profesión», enfatizó Pineda desde Costa Rica.
La periodista nicaragüense ganó el «Premio Internacional Coraje al Periodismo 2019», otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas.
En Bluefields, un municipio ubicado en el Caribe Sur de Nicaragua, vive la periodista de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar.
El 23 de septiembre de 2020, Salazar fue declarada “culpable” por el delito de calumnias, tras divulgar el reporte: “Se destapa corrupción en la alcaldía del municipio El Rama”.
Para Salazar, que en la actualidad sufre asedio policial en su domicilio, se trató de una forma de criminalizar al periodismo independiente.
«Con la joven Kalúa Salazar en Bluefields, se han ensañado con el asedio, hostigamiento en su casa que afecta a ella y sus hijas y hasta a sus vecinos. La cobardía del régimen se enfoca en lo que más le duele a una mujer y hombre sus hijos, les toman fotos, los asedian», dijo Pineda.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estima que esas amenazas tienden a «acallar las voces de las mujeres periodistas y a socavar la libertad de expresión» en cualquier lugar del mundo al interrumpir su valiosa labor de investigación periodística.
«En Nicaragua, los periodistas independientes nos hemos preguntado si seguimos ejerciendo la profesión como un acto de valentía, como lo hemos hecho, desafiando al gobierno, o resguardamos nuestras vidas para no seguir exponiéndonos en el entorno de hostilidades del que hemos sido víctimas, porque es un alto riesgo seguir informando», señaló Molina.
El informe de violaciones a la libertad de prensa del mes de noviembre publicado por el diario La Prensa revela por tercer mes consecutivo un incremento de la represión, el asedio, el hostigamiento estatal y otras formas de intimidación en contra de las mujeres periodistas en el país centroamericano.
De las 21 personas que sufrieron ataques a la libertad de prensa 9 eran mujeres y 12 hombres, destacó La Prensa en el informe.
«Ya Nicaragua es el país más inseguro de la región para ejercer periodismo, nunca pensé que se llegara a esos niveles y ahora lo hacen con más saña. Sobrepasaron y hasta le dan clases a la dictadura somocista de cómo ser crueles, inhumanos, cínicos, y que desoyen primero la grita popular del pueblo y luego de la comunidad internacional», enfatizó Pineda.
¿Cómo proteger a las mujeres periodistas de la violencia en su contra? ¿Qué pueden hacer las mujeres periodistas en este contexto? ¿Qué mecanismos establecer para que puedan denunciar efectivamente a quienes las maltratan y les impiden ejercer su labor.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH), estima que la seguridad de los y las periodistas es una «obligación estatal».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que desde el inicio de la crisis sociopolítica más de 110 mil nicaragüenses, incluyendo periodistas, se han visto forzados a migrar, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica.
Según la Relatoría para contribuir al ejercicio de las mujeres periodistas los Estados deben adoptar las siguientes medidas:
Adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo.
Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos.
La protección de las fuentes confidenciales contribuye al rol fundamental de vigilancia de la prensa y ayuda a prevenir que los y las periodistas sean víctimas de actos de violencia.
El Estado está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia.
Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales.
«Ahora ellos, los Ortega y Murillo desconocen todo lo que el mundo avanzó por años en materia de derechos humanos, porque están en su rol de verdugos, un criminal que solo quiere mantenerse en el poder con su familia», puntualizó Pineda.
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