A una semana de las elecciones regionales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la «ausencia de condiciones» por el «cierre del espacio cívico, represión estatal, asedio policial y la militarización en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
La CIDH destacó la «agudización de una estrategia represiva desplegada en la Costa Atlántica», previo a las elecciones de este 3 de marzo.
Según este órgano de la Organización de Estados Americanos, la estrategia tiene como fin «transmitir un mensaje de control y temor en contra de los movimientos indígenas y afrodescendientes críticos al gobierno».
Además, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene como fin «limitar» la participación de la población esa zona del país centroamericano que deberá renovar los cargos de 90 autoridades de las regiones autónomas.
Elecciones en el Caribe sin Yatama
Por otro lado, el organismo de derechos humanos recordó la cancelación de la personería jurídica del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama) y la toma de sus instalaciones regionales.
- Puedes leer: Corte IDH ordena «no enjuiciar» a líderes de Yatama
Además, a la fecha se desconoce el paradero del diputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido indpigena, Brooklyn Rivera, así como de la representante legal y la diputada suplente, Nancy Elizabeth Henríquez.
Ambos líderes políticos son «beneficiarios de medidas provisionales» por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El contexto previo de las elecciones del Caribe en Nicaragua está manchado por el cierre y la confiscación de las sedes de las radios comunitarias indígenas Yapti Tasba Bila Baikra Bilwi y Waspam.
«Los permanentes actos de persecución contra líderes y lideresas indígenas para criminalizarles y retirarles del espacio político; y los ataques sistemáticos de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades del Estado para despojar y desplazar a las comunidades de sus territorios», mencionó la CIDH.
Atenta contra autonomía de comunidades
De acuerdo con la CIDH, este conjunto de acciones «atenta gravemente contra la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica».
«Coloca en riesgo su supervivencia cultural y étnica, y busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo en esa zona del país, a partir de la cooptación de sus instituciones y la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente», puntualizó el organismo.
