La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijo esta mañana que el 2021 fue un año doloroso con víctimas de la represión, presos políticos y exiliados.
«Todas las acciones represivas e intentos por comprar conciencias no han logrado doblegar al pueblo nicaragüense. La farsa electoral del 07 de noviembre es la prueba más evidente: más del 80% de los nicaragüenses se abstuvieron de ir a votar, a pesar de todas las represalias de la dictadura y, la comunidad internacional descalificó el proceso electoral por no cumplir con los estándares internacionales y regionales», señaló el comunicado.
La organización señaló que los nicaragüenses siguen resistiendo ante las acciones represivas e intentos por comprar conciencias.
«El régimen está en medio de un proceso claro de radicalización y sin ninguna pretensión de solucionar o aliviar la crisis. En consecuencia, los nicaragüenses debemos fortalecer nuestras convicciones y anhelos de justicia y democracia, para seguir resistiendo», señaló el comunicado.
La organización opositora dijo que continuará su trabajo organizativo a pesar de la constante persecución contra sus líderes y miembros.
También señaló que fortalecerá las conversaciones y coordinaciones con otras organizaciones opositoras.
A finales de noviembre, la organización denunció la detención de más de una decena de nuestros integrantes y de otros líderes de la oposición nicaragüense.
En noviembre de 2021, se sumaba la detención de doce integrantes de la organización: Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro, Michael Healy Lacayo, Nidia Barbosa Castillo, Armando Robles, Edder Muñoz, un integrante de Chinandega, uno de Morrito y otro de Masaya; que por proteger su integridad física y a petición de sus familiares omitiremos sus nombres.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue creada en 2018 por el Episcopado, para representar a los diversos sectores de la oposición nicaragüense, durante las negociaciones de 2018 y 2019, para superar la crisis sociopolítica local, mismas que fracasaron, debido a que el Gobierno incumplió el compromiso de respetar la Constitución, según los opositores.
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