Redacción / IP Nicaragua
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por los presuntos actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
El CERD es parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el pasado 30 de agosto realizó una evaluación sobre Nicaragua.
El organismo de derechos humanos exhortó al Estado tomar medidas urgentes de prevención y le manda a investigar de forma exhaustiva, imparcial y efectiva estos ataques“a fin de que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados”.
En Nicaragua se usa la fuerza contra pueblos indígenas
El CERD lamentó que no hubiera representantes nicaragüenses presentes durante el examen, y destacó que el país no parece contar con una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial ni con disposiciones sobre el tema en el Código Penal.
El examen destacó los reportes de uso excesivo de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas o afrodescendientes, incluyendo casos de muerte de integrantes de esas comunidades que se encontraban en detención.
Cierre arbitrario de oenegés
Otro motivo de preocupación del Comité es el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
También la inexistencia de una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención, la discriminación estructural que se refleja en las precarias condiciones de vida y la persistente exclusión de estos pueblos, destacó el CERD.
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El organismo añadió que existen dificultades en la aplicación del régimen de autonomía comunal, territorial y regional, y la falta de implementación de la etapa de saneamiento de territorios indígenas prevista en la Ley 445.
Para poner fin a estos abusos, el Comité recomendó la «adopción de previsiones que garanticen el respeto del principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de la fuerza, capacitando a los agentes del orden en la utilización de mecanismos convencionales y en combate a la discriminación racial”.
El CERD es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte de los Estados partes. Está formado por 18 expertos independientes elegidos por los países para un período de cuatro años.
Discriminación persiste en territorios indígenas
Pese a los esfuerzos del Estado realizados para la restitución y revitalización de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes mediante la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y el Alto Wangki y Bocay, esos pueblos siguen padeciendo discriminación estructural.
Los índices de pobreza y la precariedad, exclusión y violencia que enfrentan constantemente, lo reflejan.
“El Comité reitera su preocupación sobre la falta de protección explícita y reconocimiento legal de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte. Además, el Comité está seriamente preocupado por los reportes que dan cuenta de una regresión por parte del Estado en la protección y respeto de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Además instaron a Nicaragua a adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para eliminar la discriminación estructural que afecta a esas poblaciones.
La evaluación dio cuenta de las alegaciones sobre la concesión de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin llevar a cabo los procesos de consulta previa, o bien basados en personas no legitimadas para representar a los pueblos afectados.
El Comité mencionó concretamente los casos del proyecto del Gran Canal Interoceánico, el de aguas profundas en Bluefields, el de conservación de bosques y carbono, y el del BioClima, que afectan al pueblo indígena Rama y a las comunidades afrodescendientes Kriol y Negra Creole Indígena de Bluefields.
Recomiendan al país que realice estudios independientes sobre los efectos sociales, ambientales y culturales antes de otorgar licencias para proyectos que involucren el desarrollo y explotación de recursos naturales en territorios indígenas o afrodescendientes; además de consultar debidamente a las comunidades afectadas y a incluirlas en la toma de decisiones.
Respecto a los territorios indígenas, el CERD exhortó al país a garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos; a avanzar en la demarcación y titulación de esos territorios, y asegurar el reconocimiento legal y protección jurídica de los mismos.
Al referirse a las denuncias de actos de violencia y atentados contra la vida e integridad física de miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, específicamente en el territorio mayangna Sauni As, en la zona de la Reserva de la Biosfera de Bosawas, los expertos indicaron no tener información de que esos abusos se hayan investigado y que puedan quedar impunes.
Además, citó las agresiones en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y solicitó al país tomar medidas urgentes para que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados, señala la comunicación.
Sobre el acceso a la justicia, el informe resaltó las alegaciones de prácticas discriminatorias persistentes contra los indígenas y afrodescendientes.
“Preocupa la información sobre violaciones a las garantías del debido proceso y a una defensa adecuada de los miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre la práctica de perfilamiento racial de la población afrodescendiente de la Costa Caribe, en el marco de la lucha contra narcotráfico, resultando en falsas acusaciones, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial”, añadió.
En este punto, instó a tomar las medidas para luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia en el sistema judicial como medio para salvaguardar la lucha contra la discriminación racial y el respeto de los derechos humanos.
También pidió al Estado garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, asegurando el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso, así como a defensores capacitados con conocimiento de las lenguas indígenas e intérpretes que puedan explicarles el contenido de los procesos judiciales cuando fuera necesario.
