El derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe por tener derechos, decisión en sus tierras y recursos es una lucha de muchos años. El concepto de autonomía se ha perdido y se convirtió solo en una estrategia de campaña política, pero luego son olvidados.
“Nosotros tenemos una herramienta que es la Ley de Autonomía, la Ley 445. La tenemos, pero nos hace falta apoderarnos de ella. Las autoridades regionales deben asumir su rol de liderazgo, pero el problema es que en este tiempo todo está politizado. Tan así que las autoridades regionales no están tomando decisiones por sí mismas, sino que todo tiene que decidirse desde Managua. Todo está centralizado. No tenemos una autonomía plena”, expresa un habitante de la zona del Caribe.
En el inciso 7 del capítulo III de la Ley 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua”, se establece el derecho de sus habitantes a elegir y ser elegidos autoridades propias de las regiones autónomas.
De igual forma, la Ley 445 del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, garantiza a las comunidades étnicas, “el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante demarcación y titulación de las mismas”.
Sin embargo, en la práctica esta ley no se respeta porque las mismas autoridades municipales y regionales desconocen la autoridad de los gobiernos territoriales indígenas y promueven la invasión de las tierras ancestrales mediante grupos de colonos armados, los que ya han provocado muertos entre los nativos.
No se respeta selección de líderes
Otro aspecto en el que se les violenta su derecho de autonomía es en la elección de sus líderes.
“Como pueblo indígena tenemos nuestra propia representación, pero son como autoridades tradicionales nada más”, señala Bayardo un comunitario y líder de un movimiento indígena.
“No estamos certificados, porque según la ley ya existe un gobierno comunal. Pero eso nos violenta nuestro sagrado derecho como pueblos indígenas, que tradicionalmente nosotros hemos venido escogiendo a nuestras autoridades, porque según la ley nosotros elegimos quién y cómo nos representa. Por ahora estamos trabajando en fortalecer nuestro movimiento indígena, para que las comunidades indígenas tengan a dónde recurrir”, insiste Bayardo.
“Nuestra demanda es que el Estado nos reconozca a nosotros como un pueblo sujeto a los derechos de desarrollo económico, educación e identidad cultural”, manifiesta Bayardo, como alzando la voz por todos aquellos a los que se les ha ignorado por razones como su origen, sus lenguas y sus costumbres.
La autonomía como pieza clave en el Caribe de Nicaragua
El principal problema que tienen las comunidades indígenas es su lucha por que se respete su autonomía, sus territorios y sus derechos.
Es que “en Nicaragua, el Estado, en lugar de ser el primer garante de los derechos de los pueblos indígenas, es el principal violador”, manifiesta la doctora Vilma Núñez, quien a su vez considera que “si se logra derrocar a este Gobierno y transformar a Nicaragua en un Estado que vele por su pueblo, quienes lleguen a ser autoridades deberán estar consciente que las comunidades indígenas son uno de los sectores a los que debe prestársele mayor atención”.
“Pese a todo, nosotros seguiremos luchando por nuestros derechos”, dice Bayardo, quien, desde pequeño, así como todos los indígenas de la Costa Caribe, ha sabido de luchas y luchas por la defensa de sus derechos.
