Redacción / IP Nicaragua
Los tiempos de convocatoria para las elecciones municipales en Nicaragua han venido disminuyendo de un año a seis meses desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, según Urnas Abiertas.
La organización independiente en su más reciente informe titulado “Nicaragua: entre el fraude y el terror – Una breve relatoría de cómo opera el terror en Nicaragua”, señala que ha sido un «comportamiento sistemático registrado a lo largo de los últimos tres procesos municipales.
Para las elecciones de 2008, la convocatoria fue lanzada el 6 de noviembre de 2007, «justo un año antes de la cita en las urnas», recordó Urnas Abiertas.
En 2012, el anuncio se dio hasta el 26 de abril, es decir siete meses antes de realizarse las elecciones en el país centroamericano.
Y en 2017, el anuncio oficial del CSE se hizo el 5 de mayo. Fueron unas elecciones en las que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó 135 alcaldías y las restantes 18 fueron repartidas entre los partidos de oposición.
De hecho, Nicaragua está llamada a elecciones municipales el 6 de noviembre de 2022, pero el Consejo Supremo Electoral (CSE) todavía no ha convocado a los comicios en los que se elegirán a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6 mil concejalías.
«Para este 2022, se desconoce cuánto tiempo será reducido el período y cuándo se convocará oficialmente», menciona Urnas Abiertas en su informe.
La Asamblea Nacional, que controla la bancada del FSLN, aprobó una reforma a la Ley Electora (Ley 331), que «permite un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civi».
El informe de Urnas Abiertas identifica nuevas formas de violencia política de cara al proceso electoral.
La represión migratoria, negación de documentos, extorsión fiscal, represalias administrativas contra grandes, medianas y pequeñas empresas, represalias con beneficios sociales y servicios públicos, persecución al sector cultural y a la Iglesia Católica, eliminación de la autonomía universitaria, control sobre militantes sandinistas y funcionarios públicos, y migración forzada, son algunas de las formas identificadas.
«El retroceso democrático de Nicaragua antecede la crisis sociopolítica que estalló en 2018. La corrupción y el fraude son la antesala perfecta hacia el autoritarismo y el terror político materializado en las múltiples formas de violaciones a derechos humanos que ha venido ejecutando el Estado de Nicaragua de manera sistemática y generalizada contra la población civil», menciona Urnas Abiertas.
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