Redacción/ IP Nicaragua
El Ministerio de Gobernación (Migob) canceló otras 100 organizaciones sin fines de lucro mediante el Acuerdo Ministerial 03-2022-OSFL, publicado este lunes, en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua.
Con esta nueva cancelación ya suman a 1,950 organizaciones desde 2018.
Entre las organizaciones canceladas este 19 de septiembre hay asociaciones y fundaciones médicas y otra que atendían programas para personas discapacitadas, como la Fundación Alfonsina de Nicaragua para la Prevención de la Ceguera y Rehabilitación Integral de las personas ciegas o baja visión.
La Fundación Alfonsina, inscrita desde 2011, en el país, aportaba a la prevención de «todas las causas de ceguera y realizar acciones para que las personas con ceguera o baja visión, obren un desarrollo humano pleno e inclusivo, que les permitirá integrarse efectivamente a la visas y productiva del país sin discriminación».
De acuerdo al sitio web de la Fundación Alfonsina, los tipos de servicios que brindan en Managua son de estimulación temprana, servicio apoyo algunos integrales, rehabilitación, cultura, estimulación visual y ayuda asistencial.
El Migob también canceló este lunes organizaciones de cuidado ambiental, defensoras de los derechos de niños, niñas y mujeres.
Así como de asociaciones que agrupan a Retirados del Ejército, Ministerio de Gobernación y Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense Horizonte Azul (Asociación Horizonte Azul), así como de Pensionados y Pensionadas por la Dignidad del Güegüense del Ministerio de Gobernación, Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense y Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista.
Con la cancelación de estos últimos 100 organismos, el Ministerio de Gobernación ha cancelado 400 organizaciones, tras la aprobación en marzo de una ley que le otorgó más facultades para eliminarlas directamente.
En los últimos cuatro años, las cancelaciones se venían haciendo a través de decretos aprobados en la Asamblea Nacional, bajo el control del régimen de Daniel Ortega. Desde el Legislativo se canceló la personalidad jurídica de 1,550 organizaciones solo ese año.
Los argumentos habituales para ejecutar la suspensión son, entre otros, no reportar entre 8 y 27 años de estados financieros y juntas directivas.
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