Denuncian secuestros, asesinatos y desplazamientos de indígenas en Nicaragua ante la CIDH

• Durante la audiencia virtual, Wendy Morales, Procuradora General de la República, pidió enfocar la sesión en el tema de legalización de tierras.

Redacción/ IP Nicaragua

Agresiones, asesinatos y desplazamiento forzado forman parte de las violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua y que quedan en la impunidad, según denunciaron representantes de algunas organizaciones ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), durante una sesión virtual.

“A lo largo de 2020, se contabilizaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría integrantes del pueblo indígena mayangna”, denunció Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica.

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Durante la sesión virtual titulada: “Impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua”, participaron organizaciones defensoras de derechos humanos, la representante del gobierno Wendy Morales Urbina y la presidenta de la CIDH Antonia Urrejola.

Cunningham, quien representa  a la sociedad civil de la zona Caribe de Nicaragua, comentó que también se registraron agresiones contra el pueblo miskito.

“Así entre 2011 y 2021 hemos podido contabilizar 49 indígenas muertos, 53 lesionados, 46 secuestrados y 4 desaparecidos. Estimamos que la violencia ha desplazado forzosamente aproximadamente a mil personas miskitas en 12 comunidades beneficiarias de medidas de protección del Sistema Interamericano”, agregó.

La activista insistió que la impunidad es “prácticamente absoluta” porque el estado no ha brindado información periódica o suficiente sobre el número o estado de estas agresiones y asesinatos.

Agresiones contra activistas

Por su parte, Clara Galeano, de la Organización Mundial Contra la Tortura, compartió datos de denuncias y aseguró que quienes defienden los derechos indígenas son víctimas de múltiples ataques, entre ellos agresiones, hostigamiento en línea y barreras burocrático administrativas para su libre asociación.

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“Marcela Inés Posta Simón, defensora indígena, fue agredida el 26 de junio de 2019, cuando participaba en una manifestación pacífica en protesta por imposición de autoridades a su comunidad. Los tres agresores le fracturaron un brazo y le provocaron la pérdida de la visión de un ojo. Uno de los criminales es trabajador del gobierno regional en la ciudad de Bilwi. El ataque permanece en la impunidad”, lamentó Galeano.

A las defensoras de los derechos de las poblaciones indígenas, les preocupa que la presente Ley de ciber delitos defina tipos penales tan “ambiguos para estas prácticas”, generando una nueva herramienta para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos.

En el caso de la Ley de Agentes Extranjeros y su normativa, Galeano consideró que se han formalizado barreras administrativas y burocráticas que el gobierno ha impuesto desde hace meses para impedir el buen funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

“No obviamos que el estado tampoco ha cumplido con su obligación de crear mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras”, finalizó Galeano.

María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), comentó que el actuar del gobierno de Nicaragua y lo que sufren los pueblos indígenas es para considerarse delitos de lesa humanidad.

Estado evade denuncias

Por su parte, Wendy Morales Urbina, Procuradora General de la República, pidió enfocar la sesión en el tema de legalización de tierras. Centró su intervención en lo que dice la legislación y en resaltar los avances que en el campo de titulación ha logrado el gobierno de Nicaragua.

“El sistema de justicia penal ha conocido, procesado y condenado 18 casos vinculados a conflictos de tierras en comunidades indígenas y delitos conexos. Se acusó a 22 personas, se han realizado 8 juicios y se declaró culpables a 14 personas”, detalló Morales.

En su intervención para responder preguntas, Morales pidió enfocar la sesión en el tema de colonización de tierras, refiriéndose a la titulación.

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“He escuchado que hay otros temas que han salido a luz que es entendible la preocupación, sin embargo, me gustaría someter a la comisionada si podríamos enfocarnos en el tema que corresponde al impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Caribe en Nicaragua para poder compartir eficientemente y eficazmente como corresponde en esta sesión”, dijo.

CIDH: Estado debe revisar cifras

Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, sugirió que el gbierno y la sociedad civil se pongan de acuerdo para revisar las denuncias, porque el estado de Nicaragua habla de 18 casos, mientras las organizaciones hablan de decenas.

“El derecho de la propiedad colectiva de los pueblos no solo está ligado al saneamiento que es un tema que ya nos han señalado la urgencia de avanzar, sino que el estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas frente a terceros y garantizar que puedan ejercerlo sin presiones, sin hostigamientos, y en el caso de haber ataques la obligación que tienen los estados es de investigar y castigar a los responsables”, manifestó Urrejola.