¿Posee el gobierno de Daniel Ortega legitimidad de origen?

Redacción / IP Nicaragua

Frente a la ruptura del orden democrático y la construcción de un sistema de gobierno familiar dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se pone en duda la legitimidad de este gobierno que llegó al poder en medio de una serie de «conspiraciones, transacciones políticas y redes de corrupción», señala un análisis del observatorio ciudadano Urnas Abiertas.

En su análisis, Urnas Abiertas destacó una serie de anomalías que se han registrado a lo largo de los años en los procesos electorales. Especialistas en temas electorales que integran el equipo de este observatorio ciudadano reflexionan si el gobierno de Ortega posee legitimidad de origen y de ejercicio.

Para Urnas Abiertas, desde que Ortega asumió las riendas del poder – por segunda vez – en el 2007, la legitimidad de su gobierno nunca fue puesta en duda por la comunidad internacional, incluso cuando manifestó públicamente sus deseos de reelegirse, tomó el control de los Poderes del Estado y elevó a su esposa, Rosario Murillo,  a la vicepresidencia.

¿Cuándo un gobierno es legítimo?

El equipo de expertos de Urnas Abiertas explica en su artículo que «un gobierno es legítimo cuando cuenta con una aceptación tal por parte de la ciudadanía, que es indiscutido.

Asimismo indican que un gobierno legítimo podría ser «aquel al que la ciudadanía obedece sin discusión alguna, por medio de un consentimiento incondicional.

Además señalan que la legitimidad de origen tiene que ver con la forma en que se accede al poder y se trata de la forma en que se ejerce el mismo.

Al respecto, contextualizando la situación crítica del Estado nicaragüense, Urnas Abiertas expresa que «Nicaragua presenta un enorme problema de legitimidad y una grave crisis de soberanía».

Acciones de ilegitimidad de Ortega

Los expertos en temas electorales, detallan que tras haber asumido la dirección del Poder Ejecutivo a través de unas elecciones en el año 2007, según la normativa constitucional y las bases del orden democrático así consensuado socialmente, el gobierno de Daniel Ortega pudo haber presentado todas las condiciones para tener completa legitimidad de origen.

«Y eso puede entenderse a simple vista, pero, haciendo una revisión de los procesos, podría concluirse lo contrario», afirman.

Añaden que, para lograr ser el ganador de las elecciones en 2006, previamente, Ortega tuvo que «allanar el terreno y calcular que todas las condiciones le garantizarían el triunfo». Sin embargo, recuerdan que años más tarde, lo conocido popularmente como el “pacto Alemán-Ortega” afectaría la democracia nicaragüense, convirtiendo el país en lo que es hoy día.

«Ortega, gracias al pacto con el expresidente Arnoldo Alemán, imputado por corrupción, lograría, utilizando a su favor el andamiaje institucional, reformar la Ley Electoral permitiendo, entre muchas otras cosas, que ganara sin necesidad de competir en una segunda vuelta y dividiendo a la oposición a través de compraventas y sobornos», precisa el artículo.

Además «todos los procesos electorales futuros (2008, 2011, 2012, 2016, 2017) también confirman la tesis de que el actual gobierno carece de total legitimidad de origen, partiendo de que -en principio- se reeligió inmediatamente abusando de sus facultades como presidente y utilizando nuevamente las instituciones para consolidar sus intereses personales y políticos».

Entre algunas acciones de ilegitimidad de Ortega, apuntan:

1- Cooptación del Poder Electora.

2- Fraudes electorales.

3- Cooptación del Poder Legislativo a través de procesos electorales fraudulentos.

4- Cooptación del Poder Judicial.

5- Persecución a periodistas, antes y después de 2018.

6- Reelección presidencial inconstitucional, inmediata e indefinida.

7- Construcción de un Estado familiar nepotista.

8- Control de la Policía Nacional.

9- Control del Ejército de Nicaragua.

10- Desviación de fondos cooperación internacional.

11- Eliminación de la libertad de cátedra.

12- Crímenes de lesa humanidad.

13- Persecución política, represión policial y asedio.

14- Excesivo uso de la fuerza.

«Toda esta serie de acciones que rompen con el contrato social basado en la definición del Estado como una entidad Social de Derecho, eliminan toda señal de legitimidad, por categoría de ejercicio, en el gobierno de Nicaragua» reiteran los expertos.

Crisis grave de soberanía

Ante lo señalado, los expertos de Urnas Abiertas concluyen en que, dl gobierno de Nicaragua, entonces, carece de legalidad y legitimidad de origen y de ejercicio, lo que pone a Nicaragua en una crisis grave de soberanía.

Por tanto advierten que la sociedad nicaragüense no es capaz de participar libremente en un proceso que le permita elegir a sus representantes políticos, definir sus marcos legales y sus normativas internas, ejercer su libre derecho a la libertad de expresión y participar activamente en ningún proceso político que no cuente con la aprobación del gobierno.

«El régimen nicaragüense, al no contar con legitimidad, no cuenta con el derecho que la ley le confiere de hacer valer la soberanía nacional», expresan. Por tanto, «es fundamental que la comunidad internacional reconozca que los Ortega Murillo para gobernar Nicaragua a partir del uso de la fuerza no posee legitimidad para representar al Estado, de conformidad con los principios de democracia y la normativa internacional pertinente».

A l vez añaden que «el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acusado de crímenes de lesa humanidad ( por organismos internacionales) no posee facultades para continuar haciendo uso del ejercicio del poder político y debe cesar sus funciones con el fin de devolverle la soberanía nacional al pueblo que demanda elecciones libres y el cese de la violencia estatal».

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