Parlamento Europeo advierte a Ortega que podría desconocer elecciones en Nicaragua

Elecciones libres conlleva a liberar a presos políticos, a restaurar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y a aprobar las reformas electorales necesarias indicadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), indicaron los eurodiputados.
Monseñor Rolando Álvarez

Redacción / IP Nicaragua

El Parlamento Europeo advirtió al gobernante Daniel Ortega que de no adoptar medidas que ofrezcan garantía de elecciones libres y transparentes no reconocerán los resultados del próximo 7 de noviembre.

Unas elecciones libres deben pasar por la liberación de los presos políticos, la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la aprobación de las reformas electorales necesarias indicadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), indicaron los eurodiputados a Ortega a través de una carta enviada a Ortega.

“Si no se respetan estas condiciones podremos encontrarnos ante la misma situación que la Unión Europea adoptó respecto al fraude electoral venezolano, recordando que Nicaragua tiene una especial relación con esta que deseamos se mantenga en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica”, afirmaron los eurodiputados.

El año pasado, la Unión Europea lanzó la misma advertencia a Venezuela cuando celebró las elecciones legislativas, alegando que carecían de transparencia y garantías democráticas.

Luego de constatar que no hubo garantías la Unión Europea dijo que no fueron unos comicios “libres, justos ni democráticos” y el escrutinio “no representa la voluntad del pueblo venezolano”.

Preocupados por Nicaragua

Los eurodiputados manifestaron a Ortega que ven con “mucha preocupación” los últimos acontecimientos que se han dado en Nicaragua como las reformas electorales que se aprobaron el pasado 4 de mayo en la Asamblea Nacional y que fueron impulsadas por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“No responden a los parámetros democráticos de la comunidad internacional, la nominación de un Consejo Supremo Electoral (CSE), cuyos magistrados son militantes y simpatizantes del partido en el poder (…) Las elecciones de noviembre son la oportunidad para dar fin y resolver pacíficamente la profunda crisis política que vive Nicaragua”, mencionan en la misiva fechada el 10 de junio.

A los miembros del Parlamento Europeo también resultó preocupante el “despojo arbitrario” que hizo el CSE de la personalidad jurídica del Partido Conservador y del Partido de Restauración Democrática.

De igual forma, aducen que se encuentran preocupados por las “acusaciones infundadas de lavado de dinero, el arresto domiciliario y la solicitud de inhabilitación para optar a cargos públicos” que hizo el Ministerio Público contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro en su calidad de exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Más “atropellos”

Los eurodiputados calificaron como un “atropello más a la libertad de expresión e información” el allanamiento “ilegal” por segunda ocasión de las oficinas del medio independiente Confidencial que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Por otro lado, señalan de “arbitraria” la detención de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Arturo Cruz.

“Todos estos hechos refuerzan la idea de la voluntad de su gobierno de mantenerse en el poder, violentando las aspiraciones de un pueblo nicaragüense de elegir a sus autoridades, vivir en libertad, paz y democracia”, señalan los eurodiputados.

Agregan que las leyes aprobadas en el último trimestre de 2020 en la Asamblea Nacional, la forma en que se comportan los miembros de la Policía Nacional y los “paramilitares que reprimen cualquier expresión mínima de protesta ciudadana”, sumado a la situación de “maltrato” de los presos políticos, también son hechos de gran preocupación.

“Proyectan a un Estado que no respeta ninguna de las libertades consignadas en los instrumentos del derecho internacional y contradice el espíritu democrático”, señalan en la misiva.

Advirtieron que Nicaragua como parte de la OEA está obligada a cumplir con lo que establece la Carta Democrática Interamericana.

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