El Gobiernos de Panamá expresó este miércoles su preocupación por las «recientes acciones» del Gobierno de Nicaragua en materia de derechos humanos y extendió que considerará las solicitudes de los desterrados por Daniel Ortega.
«Panamá como país parte de las Convenciones contra la Apatridia, considerará todas las solicitudes que se hagan a nuestro país en el marco de estos instrumentos jurídicos», expresó el Gobierno a través de un comunicado.
Dijo además que «la República de Panamá, fiel a los valores contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Convenciones en materia de Apatridia, hace expresa su preocupación por las recientes acciones del Gobierno de Nicaragua en materia de derechos humanos y con ello, la compleja situación de sus ciudadanos».
Ortega y Murillo, primero despojaron de su ciudadanía a 222 presos políticos encarcelados en diferentes penales del país, algunos desde 2018, y que fueron liberados y expulsado del país a Estados Unidos, el pasado 9 de febrero.
Días después, ordenaron quitarle la ciudadanía a otros 94 ciudadanos más, entre los que se encuentran reconocidos escritores, periodistas, directores de medios de comunicación, activistas, políticos, religiosos, y defensores de derechos humanos, la mayoría en el exilio.
«Panamá confía en que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua en asuntos inherentes a ciudadanía, expatriación y nacionalidad, que han afectado las vidas de más de 300 nicaragüenses, puedan resolverse de manera sostenible con la anulación de dichas medidas, a favor de resguardar los derechos de este grupo de personas», expresó.
Panamá también hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a garantizar la nacionalidad de los nicaragüenses. «Panamá hace un llamado al Gobierno nicaragüense a garantizar el derecho insoslayable de las personas a mantener una nacionalidad, como derecho consagrado en la legislación de todos nuestros países».
Al menos cuatro países de la región, Chile, Argentina, México y Colombia, ofrecieron nacionalizar a los ciudadanos declarados «apátridas». Aunque el primero que ofreció acogerlos fue España.
Además, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez (Batllistas), del gobierno de Uruguay, también propuso otorgar nacionalidad.
La escritora nicaragüense Gioconda Belli aceptó la nacionalidad chilena, tras el ofrecimiento del gobierno de Gabriel Boric a los más de 300 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad por ser opositores a Ortega, así lo dio a conocer este jueves, la canciller del país sudamericano, Antonia Urrejola.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien también fue despojado de su nacionalidad nicaragüense, el pasado 15 de febrero, aceptó recibir la nacionalidad colombiana.
«El canciller Álvaro Leyva me anunció la decisión del presidente Gustavo Petro de otorgarme la nacionalidad colombiana, que acepto con gratitud. En un ejemplar comunicado la ofrece también a todos los despojados de ella por la dictadura. Gracias», expreso Ramírez en sus redes sociales.
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