El régimen de Daniel Ortega arrebató la nacionalidad a 94 ciudadanos nicaragüenses acusados de «traidores a la patria», entre ellos periodistas, escritores, defensores de derechos humanos, académicos, religiosos, campesinos, entre otros.
A los 94 nicaragüenses se les inhabilitó de forma absoluta para ejercer cargos públicos, ejercer la función en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y las pérdidas de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó las resoluciones emitidas este 15 de febrero por los jueces de Distritos Penales de Audiencias de la Circunscripción Managua en contra de 94 acusados por el Ministerio Público.
La mayoría de los nicaragüenses que aparecen en la lista están en le exilio y son voces críticas del régimen.
Los ciudadanos fueron declarados “prófugos de la justicia” y a estos se les confiscarán los bienes, según la resolución leída por Rodríguez.
«Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz», señala la resolución.
Además, el régimen a través de los magistrados que operan a su favor ordenó la «inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua».
El exdiplomático Arturo McFields; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; los analistas políticos Enrique Sáenz, Edipcia Dubón y Eliseo Núñez; el obispo Silvio Báez están en la lista publicada por el régimen.
Así como los periodistas, Jennifer Ortiz, Lucía Pineda, Álvaro Navarro, David Quintana, Aníbal Toruño, Patricia Orozco, Luis Galeano y Wilfredo Miranda también fueron despojados de su nacionalidad.
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