* «Lo más importante es el restablecimiento de la confianza en el sistema electoral», dice José Pallais, miembro de la Alianza Cívica.
Alma Vidaurre / IP Nicaragua
La realización oportuna de elecciones libres, justas, transparentes y observadas en Nicaragua depende los cambios que se puedan realizar en la Ley Electoral (Ley 331), garantizando que las mismas sean “profundas e integrales”, coinciden miembros de la oposición en el país.
Una reforma a la Ley Electoral sería la garantía para poner fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde hace dos años y contribuiría a la institucionalidad democrática. Pero, ¿qué estaría negociando Daniel Ortega, presidente reelecto que lleva su tercer periodo en el poder?
El analista político y exdiputado, Eliseo Núñez, cree que lo único que estará ofreciendo Ortega en este contexto es la “observación internacional y algún tema menor”.
“Habrá que valorar, ya una vez tenida en mano la reforma, si lo que ofrece es suficiente”, dijo Núñez a IP Nicaragua.
José Pallais, exdiputado y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), cree que Ortega está “obligado” a hacer estas reformas, “no tiene salida”, pues de lo contrario estaría “redundando en su ilegitimidad”, pero coincidió en que la “observación nacional e internacional amplia y sin restricciones”, debe tenerse en cuenta.
“Si Ortega no hace reformas que generen confianza a los ciudadanos nicaragüenses y que generen confianza a la comunidad internacional y que no permita una elección que sea supervisada, acorde a los estándares internacionales, nadie va a reconocer esas elecciones”, señaló Pallais.
El representante de la ACJD enfatizó que de no hacer las reformas electorales, los “gobiernos democráticos no van a reconocer lo que no sea un auténtico resultado electoral”.
“Ortega perfectamente puede negarse a hacer una reforma de calidad, pero negarse solo va a profundizar la crisis de su gobierno y va a acelerar su caída”, dijo el exdiputado Pallais.
En el escenario actual –agregó- lo más importante es el restablecimiento de la confianza en el sistema electoral, empezando por la confirmación de un nuevo Consejo Supremo Electoral que esté integrado por “personas que garanticen el respeto del voto de los ciudadanos”.
“Se necesita cambiar la ley, es la puerta que abre todo. De nada sirve una ley que no está en manos de las personas apropiadas para cumplir con ella y para actuar con un gran compromiso ético”, insistió Pallais.
Violeta Granera, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), insistió que “jamás hemos pensado en elecciones que no cumplan con las garantías de respeto al voto de la ciudadanía”.
“Estamos evaluando permanentemente todas las posibilidades de salida de este régimen en la Unidad, eso ha sido una premisa sine qua non para todo este proceso, la verdad es que Ortega no ha dado ninguna señal y nosotros estamos trabajando, porque el objetivo es la salida de Ortega y la instalación de la democracia por la vía pacífica”, manifestó Granera.
Revisar el “padrón electoral”
El pasado 9 de enero, durante la sesión inaugural de la XXXVI Legislatura de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que este año estarían realizando reformas a la Ley 331 con el objetivo de “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico-electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Esa es parte de nuestra agenda este año”, afirmó Porras en ese momento.
Lo que el legislador no dijo es que esa reforma incluya prohibir la reelección presidencial o cambiar a la estructura y los magistrados del CSE, temas que la ACJD y la UNAB vienen exigiendo desde hace meses.
“Para mí lo esencial son dos cosas: la administración del proceso y el padrón electoral. Si vos tenés las dos cosas juntas, podés generar un proceso electoral limpio. El primero se soluciona con el nombramiento de los magistrados y el segundo es un proceso que incluso no necesita de reforma fiscal”, manifestó Núñez.
Aunque este analista político está convencido de que el “sistema necesita reforma, porque como está es manipulable”, existe mucha discrecionalidad de parte de quienes lo administran.
“Cuando vos tenés estos niveles de discrecionalidad, hay una paradoja que si bien es cierto la discrecionalidad es lo que te ocasionó el problema, pero la discrecionalidad también te lo puede solucionar sin necesidad de la reforma, es decir, una buena administración”, apuntó Núñez.
Aunque es poco lo que Ortega estaría cediendo en materia de una reforma electoral, tanto Pallais como Núñez creen que la “depuración del padrón electoral” no debe excluirse en este proceso.
“Eso implica ponerle fin a la política que ha venido desarrollando el Consejo Supremo Electoral de seccionar los padrones y de tener diferentes padrones y nunca haberlos depurado. Está cargado de muertos, está cargado de personas con múltiples cédulas y no ha podido ser verificado”, manifestó Pallais.
En ese contexto, según Pallais, tienen que reformarse las “reglas de la composición de la estructura electoral”. Esa reforma, evitará el “control que ha venido ejerciendo el régimen”.
“Con buenos magistrados, buenos funcionarios electorales intermedios y un padrón electoral correcto, las reformas pueden posponerse para después de la elección, pero eso es lo más difícil de que ceda Ortega. Te puede ceder incluso muchas cosas de la ley y no cederte la administración”, insistió Núñez.
Puntos claves
El sistema de acreditación de fiscales y la obligación de publicar los resultados por junta receptora de votos inmediatamente en la página web del CSE, son otros aspectos que deben ser abordados en un contexto de reformas, pues son “mañas que se han venido desarrollando para consolidar el fraude”, señaló Pallais.
“El sistema de acreditación de fiscales ha permitido que se cambien a los fiscales de los partidos políticos que no entregan a tiempo las credenciales o que se expulse a los fiscales”, dijo el representante de la ACDJ.
En un video publicado en sus cuentas oficiales, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) señaló que una reforma electoral debe devolver a “todos los nicaragüenses el derecho a elecciones libres”.
La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, anunció su separación de la mesa multisectorial sobre las reformas electorales, el grupo que empujó la propuesta de reforma electoral, presentada a finales de 2019.
“Después de la insurrección cívica de abril, este tema se convirtió en una prioridad nacional, sin embargo, habían pasado dos años y poco se había avanzado en consensuar el contenido de la reforma (…) Consideramos que no es posible seguir avanzando hacia el objetivo propuesto, debido a la existencia de agendas particulares que han postergado indefinidamente el abordaje de temas necesarios para un sistema electoral creíble”, dijo Monterrey.
Cambios a la Constitución Política
En diciembre de 2019, la ACJD presentó una propuesta que incluye cambios a la Constitución Política del país en materia electoral, entre los que están la posibilidad de que la sociedad civil pueda postular candidatos para ser magistrados CSE, la no reelección para el cargo de presidente, la prohibición de la candidatura de cónyuge del presidente en el ejercicio del cargo, entre otros aspectos.
“Estamos clarísimos que el régimen, que tiene el control, tiene la llave para esa reforma, ya sea una reforma parcial o haciendo una reforma total de la Constitución, no es viable mientras el régimen Ortega-Murillo estén en el poder, es totalmente deseable”, puntualizó Pallais.
Tanto la UNAB como la ACDJ concuerdan en que se debe eliminar de la Constitución Política de Nicaragua, la aplicación de la norma jurídica del transfuguismo y la no reelección para los cargos de presidente y vicepresidente.
Foto de portada: El Nuevo Diario.
