Organizaciones de la sociedad civil denunciaron al gobierno de Daniel Ortega “por violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, durante la sesión evaluativa 136 que realizó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
Olga Valle, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, pidió al Comité que “exhorte al Estado de Nicaragua a garantizar el desarrollo de elecciones libres y transparentes en consonancia al artículo 25 del Pacto”.
Valle expresó la preocupación ante las graves violaciones de derechos humanos que se viven en el país.
“Desde que estallaron las protestas sociales en Nicaragua en 2018, el Estado ha implementado una política de persecución contra la oposición, estas acciones han generado violaciones a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021 y municipales de noviembre de 2022”, dijo.
Por lo tanto, “es urgente que el Estado propicie un entorno habilitante para el ejercicio del derecho de reunión y asociación, y respete el derecho a elegir y la preferencia del votante”, insistió Valle.
“Para esto es necesario el cese inmediato de la represión, la libertad plena de las personas presas políticas, el nombramiento de nuevas autoridades electorales, la devolución de la personería jurídica de los partidos arbitrariamente cancelados, la derogación de las reformas electorales aprobadas en 2021 y 2022, principalmente la legislación para inhibir y restringir la competencia electoral”, añadió.
Señala también que la autoridad electoral no garantiza la independencia, imparcialidad y transparencia requerida por los principios democráticos, por el contrario, “sus acciones limitan el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto al que tienen derecho las y los nicaragüenses”.
En cuanto a las libertades fundamentales y el derecho a la participación política, denuncian que “han sido conculcados de manera sistemática en los procesos electorales mediante la manipulación excluyente del Padrón Electoral, la persecución judicial de opositores, la exclusión de candidaturas y el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas”.
Asimismo recordó que en Nicaragua existen «219 personas detenidas arbitrariamente» entre estas siete exprecandidatos presidenciales que fueron condenados a entre 8 y 13 años de prisión arbitrariamente.
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