La opositora Karla Vega, originaria del departamento de Carazo, fue declarada culpable por los delitos de «conspiración y propagación de noticias falsas» por la justicia al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Como ocurrió en otros juicios contra opositores, los testigos que declararon en contra de Vega fueron policías que acusaron a la caraceña de «incitar a un golpe de Estado».
En el mismo proceso judicial, que se realizó en los juzgados de Jinotepe, también enjuiciaron a Sandra Acevedo y Allan Bermúdez, ambos de Diriamba, quienes igualmente fueron declarados culpables de los mismos delitos.
Los familiares de la opositora denunciaron que una captura de pantalla, de un número celular que ni siquiera le pertenece a la presa política, fue el principal arma y evidencia que utilizó el Ministerio Público en el proceso judicial.
El juicio se ventiló en un solo día terminando a las 7:30 de la noche del miércoles 1 de febrero.
Vega fue detenida el pasado 5 de noviembre, un día antes de las cuestionadas elecciones municipales en las que el Frente Sandinista se adjudicó las 153 alcaldías del país.
Un grupo de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía irrumpieron en la casa de la opositora a las cinco de la mañana.
«Nos patearon y votaron la puerta, entraron con odio y la montaron alrededor de diez antimotines», denunció en su momento un familiar de Vega.
El organismo de observación independiente Urnas Abiertas informó que al menos 31 nicaragüenses fueron detenidos en el contexto de las votaciones municipales de 2022.
Las detenciones policiales ocurrieron en los departamentos de Carazo, Managua, Masaya, Nueva Segovia, Ríos San Juan, Rivas y la Región Autónoma del Caribe Sur, señaló en su informe Urnas Abiertas.
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