La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet denunció la situación que sufren los presos políticos en Nicaragua.
Redacción / IP Nicaragua
A una semana de la presentación de un nuevo informe sobre la crisis de Nicaragua que presentará la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ocho organizaciones, entre ellas el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Asociación de Madres De Abril (AMA), participaron paralelamente en un conversatorio sobre la necesidad de establecer de un proceso de justicia y rendición de cuentas en el país.
Las organizaciones participantes expusieron sus valoraciones, informes y denuncias sobre la crisis de derechos humanos del país y lo que debería hacer la Organización de Naciones Unidas para avanzar hacia la justicia.
Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, denunció que en Nicaragua se mantiene un estado sitio en donde siguen prohibidas las manifestaciones, marchas, reuniones, por parte de personas que, de forma individual o grupal, pretenden denunciar violaciones de derechos humanos, derechos que han sido suprimidos por la Policía, señaló.
El próximo 14 de diciembre, Bachelet hará una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo con la agenda publicada en el sitio web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Flores agregó que el desplazamiento forzado como consecuencia de la represión estatal ha provocado que al menos 142 mil personas hayan dejado el país centroamericano en busca de protección internacional.
La abogada detalló que, según datos oficiales del gobierno costarricense hasta octubre de este año, unas 103, 275 personas han solicitado refugio en este país. «Este flujo migratorio ha experimentado cambios sin precedentes”, mencionó Flores.
El éxodo de nicaragüenses incrementó desde el 2018, tras la represión que ejecutó el régimen Ortega Murillo contra ciudadanos opositores, pero este 2021 el flujo migratorio aumenta aceleradamente tras la ola de secuestros a líderes políticos y ciudadanos que denuncian al régimen, la falta de oportunidades laborales y la crisis económica.
Aunque Costa Rica históricamente ha ocupado el primer lugar como principal destino de los connacionales, en los últimos meses se ha visto un flujo migratorio sumamente acelerado hacia el norte.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más refirió recientemente que entre enero y noviembre de este año al menos 95 mil nicaragüenses han abandonado el país, la mayoría de ellos rumbo a Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas dieron a conocer este fin de semana que detuvieron a 10,960 migrantes de Nicaragua entre enero y octubre de 2021, según datos brindados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Flores añadió que estas acciones se suman los impedimentos de salida del país que, sin previa notificación, ni procesos administrativos de las autoridades migratorias, quienes proceden a quitarles el pasaporte a quienes consideran opositores o activistas políticos, sin devolvérselos y sin dar ninguna explicación.
Insistió en que las autoridades de migración tampoco dejan ingresar a Nicaragua a personas que quieren regresar a su país, obligándolas al exilio.
Periodistas, familiares de opositores y excarcelados, en los últimos meses, han denunciado que al intentar salir del país las autoridades migratorias les han confiscados sus pasaportes e indican que tienen retención migratoria.
Josefa Esterlina Meza, madre del joven Francisco Morazán, asesinado en mayo de 2018, como integrante de la Asociación de Madres de Abril (AMA) llamó a seguir luchando contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen durante el contexto de las protestas civiles que iniciaron hace tres años.
“No podemos postergarla, negociarla ni abandonarla y no permitir repetición», sostuvo Meza, quien a la vez lamentó que el gobierno continúe sin reconocer su responsabilidad por los asesinatos cometidos en abril.
La integrante de AMA dijo que han sido víctimas de una campaña de difamación de parte del gobierno, en contra de los familiares y la memoria de los asesinados.
El estallido de la crisis en Nicaragua dejó al menos 355 personas fallecidas, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
“Nos acusan de estar inventado las cifras y de fabricar muertos, se refiere a nuestros hijos como delincuentes, golpistas y terroristas para justificar los crímenes”, denunció Meza.
Por su parte Jacob Ellis Williams, activista afro feminista de la Mesa de Articulación LGBTIQ en el exilio, (Mesart), afirmó que a partir de abril del 2018, la participación y ejercicio de ciudadanía de las mujeres y miembros de la Comunidad LGBTIQ ha tenido altos costos en un país profundamente patriarcal.
Ellis Williams señaló que al menos ocho personas de la diversidad sexual fueron asesinadas y 42, incluyendo tres mujeres trangéneros detenidas, en el periodo comprendido del 18 de abril al 31 de enero de 2019.
“La represión en Nicaragua ha tenido especial saña en contra de las personas de la diversidad sexual, activistas y defensoras de derechos humanos. Hubo ocho personas de la diversidad sexual asesinadas en el marco de la represión estatal, además de la detención de 42 personas LGBTIQ, según el informe de afectaciones a personas LGBTIQ”, afirmó la activista.
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