OEA condena detenciones de aspirantes presidenciales y exige elecciones libres en Nicaragua

Consejo Permanente de este foro regional se declara preocupado ante el «reciente deterioro del entorno político y de la situación de los derechos humanos» en el país donde hay aspirantes presidenciales detenidos.

Redacción / IP Nicaragua

Con 26 votos a favor, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que condenan el «arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales» y demandaron elecciones libres y transparentes.

La resolución fue aprobada en una sesión virtual extraordinaria y en ella los representantes de este foro regional expresaron su «alarma ante el reciente deterioro del entorno político y de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluido el uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política».

Al menos cuatro aspirantes presidenciales fueron detenidos en Nicaragua entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. En los últimos días, también fueron detenidos líderes opositores entre ellos la exguerrillera Dora María Téllez, el exvicecanciler Víctor Hugo Tinoco y el exguerrillero sandinista, Hugo Torres.

«Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos», dice en su parte medular la resolución aprobada.

Gobierno de Nicaragua rechaza resolución

Al igual que ocasiones anteriores, el representante del gobierno de Nicaragua ante la OEA, el embajador Luis Alvarado, rechazó la resolución adoptada en el seno de este foro regional que desde 2018 está adoptando declaraciones, resoluciones y mandatos para lograr el «restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos» en el país.

«La declaramos desde ya inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua», mencionó Alvarado.

La representación nicaragüense, además acusó al Consejo Permanente de la OEA de llevar a cabo «práctica injerencista», además de señalar que se trata de una «desacreditada organización».

Por otro lado, la OEA instó de forma enérgica al Gobierno de Nicaragua a que, «sin demora», implemente medidas
legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover
unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales
fidedignos de la OEA y de otros países.

El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó reformas electorales acorde a los intereses del gobernante Daniel Ortega, además se eligieron magistrados, propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE), todos afines al partido Frente Sandinista, por lo que se considera que no se cumplió con la demanda de la OEA.

 

 

 

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