Un informe realizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ubicó a Nicaragua en lugar 18/20 en el ranking de Gobernabilidad democrática, en el que se abordan políticas públicas y privadas en el contexto de la segunda ola de Covid-19, en el periodo que transcurre entre enero y junio de 2021.
El ranking ubicó a República dominicana en primer lugar, Chile (2), Uruguay (3), Argentina (4), Paraguay (5), Costa Rica(6), Bolivia(7), Colombia (8), Panamá (9), Perú (10), Ecuador(11), México(12), El Salvador(13), Brasil (14), Guatemala (15), Honduras(16), Haití(17), Nicaragua(18), Venezuela (19) y Cuba (20).
En el caso de Nicaragua se describió el uso de vacunas no aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Sputnik, también la alta cantidad de vacunas donadas por el mecanismo COVAX y el desconociendo de los métodos de la implementación de las pruebas donadas por la OMS.
El informe describe que la valoración fue muy baja entre los jóvenes que participaron en el estudio, por la falta de acceso a información pública y la falta de libertades institucionales.
En el caso de República Dominicana, que se encontró en el primer lugar del ranking, se destacó la compra inmediata de vacunas AstraZeneca y Pfizer-BioNtech para iniciar con la vacunación masiva desde febrero de este año.
El país contó con un plan ampliamente divulgado de reactivación de actividades en categorías de importancia que va desde lo industrial a lo público.
En el caso de Chile, se destacó el beneficio de canastas de alimentos a las personas de bajos recursos que fueron afectadas por el paro de labores en el contexto de este año.
También se destacó el cambio de autoridades públicas relacionadas al sistema de salud, en donde hubo, según los jóvenes encuestados, un amplio conocimiento de las medidas implementadas bajo ese nuevo liderazgo.
En el caso de Uruguay, se promovió un sistema innovador de teletrabajo para los trabajares públicos que despertó el interés y la continuidad de labores en medio de la pandemia.
Costa Rica fue uno de los países mejor valorados en Latinoamérica por el acuerdo a nivel país valorado en 36 de millones dólares con Pfizer/ BioNtech, asegurando 3 millones de vacunas para nacionales y extranjeros, así como la implementación de un plan de vacunación público ampliamente divulgado.
En el Salvador se destacó la compra de 2 millones de dosis, la implementación de bonos alimenticios.
También se describió un desgaste de la institucionalidad del país con el encarcelamiento de opositores y las propuestas de leyes que intentaban obstaculizar donaciones de carácter internacional.
En Guatemala se destacó la aprobación de prestamos para obtener dosis adicionales a las donaciones, pero hubo quejas en el contexto de la implementación del plan de vacunación.
Según la metodología del informe, se utilizaron categorías descriptivas como movilidad interna, funcionamiento de la educación sanitaria, imposición de estado de excepción, acceso universal a la vacuna contra el Covid-19, restricciones al ingreso al país, implementación de protocolos de bio seguridad y respeto a la institucionalidad.
Según la organización, se dio un puntaje a cada una de las categorías según la visión de una red de contactos de jóvenes activistas en América Latina.
La movilidad interna comprendió valores que describían la libertad de poder movilizarse en el país, en el contexto de toques de queda y acceso a transporte público.
El funcionamiento de la educación abordó la operatividad de redes educativas gubernamentales y privadas para la prevención de la pandemia.
La imposición de Estado de Excepción fue valorada desde los decretos de estado de emergencia emitidas por el ejecutivo y el congreso.
Acceso universal a la Vacuna del Covid-19 fue descrita por la existencia de planes de vacunación, campañas, compras y donaciones de vacunas.
En la categoría de restricciones de ingreso al país se evaluó los requerimientos establecidos y las limitaciones aprobadas por ley en cada uno de los países analizados.
En la implementación de protocolos de bioseguridad se abordaron la implementación de medidas en la esfera pública y privada.
Por último, el respeto a la institucionalidad abordó temas como acceso a la información pública, libertad de asociación y libre transito en el contexto de la pandémica.
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