VOZ DE AMÉRICA
MANAGUA – El gobierno de Daniel Ortega ordenó el martes por la noche el arresto domiciliario a la candidata a la Vicepresidencia de Nicaragua Berenice Quezada y la inhibió para postularse a cargos públicos de elección popular, denunció el partido opositor Ciudadanos por la Libertad, (CxL).
Óscar Sobalvarro, candidato a la presidencia por el partido CxL, dijo a un diario local que jueces y funcionarios de la Fiscalía de Nicaragua, señalada de estar controlada por Ortega, se presentaron en la vivienda de Quezada y le notificaron que quedaba inhabilitada y “bajo custodio policial”.
Horas antes, un grupo de simpatizantes sandinistas que alegaban ser “víctimas y familiares de víctimas” de las protestas antigubernamentales de 2018 acudieron ante la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para denunciar a Quezada, alegando que “incitó al odio” en declaraciones públicas el pasado 2 de agosto a su salida del Poder Electoral.
Darling Ríos, procuradora de Derechos Humanos y cuya gestión es fuertemente cuestionada por responder a intereses del oficialismo, expresó que las declaraciones Quezada “atentan contra la paz, contra la seguridad y contra el bien común y contra el derecho constitucional que tiene el pueblo nicaragüense a vivir un proceso electoral en paz”.
“La Procuraduría da por recibida esta denuncia que están realizando los familiares de la víctimas del terrorismo del 2018 y que también, como decía anteriormente, está en el marco de un delito, en realidad una violación a los derechos humanos colectivos que tenemos todos los nicaragüenses de vivir en paz”, dijo Ríos.
El arresto de Quezada surge en medio de la ola de detenciones en contra de líderes de la oposición, la cual ha dejado a al menos siete precandidatos presidenciales bajo detención, en un aparente esfuerzo del oficialismo por eliminar la competencia electoral.
Hasta el momento de dicho artículo, la Fiscalía nicaragüense no ha emitido ningún comunicado en donde anuncie una investigación contra la candidata a la vicepresidencia. Tampoco el Poder Electoral se ha pronunciado al respecto.
La Voz de América intentó comunicarse con el vicepresidente del Poder Electoral, Cairo Amador, para conocer la postura oficial de dicha entidad, pero no tuvo respuesta.
Aunque la detención y aparente inhabilitación de Quezada es la primera que se da a pesar de estar inscrita, semanas atrás, Ortega, a través del Poder Judicial, detuvo al menos a siete precandidatos presidenciales con alta simpatía en las encuestas y dos se tuvieron que exiliar por amenazas en su contra.
“Es evidente que el actual amago de elecciones o de farsa electoral que se ha montado en Nicaragua por parte del régimen. No ofrece mínimas posibilidades de elecciones libres y transparentes. Es como dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, son las peores elecciones de la historia. Cada día vemos nuevas estocadas”, explicó la socióloga María Teresa Blandón a la VOA.
La experta señala que Ortega ha utilizado varias herramientas para dinamitar el proceso electoral, desoyendo a la comunidad internacional que pidió elecciones libres y transparentes.
“Primero fue negarse a hablar de las elecciones a pesar de llamados de la oposición, de la Unión Europea, OEA, etcétera, hasta que finalmente reformaron una Ley Electoral que le daba más poder al régimen”, valoró la socióloga.
Posteriormente, Ortega despojó de la personería jurídica a otros partidos políticos bajo “absurdos señalamientos”, indicó Blandón.
Ahora, agregó, “intentan inhibir a través de la Procuraduría que en los últimos 15 años ha callado por violación a los derechos humanos a los nicaragüenses, no solo los cometidos desde 2018, sino desde que Ortega llegó al poder. Actúan como una Procuraduría al servicio del régimen”.
Por su parte, Carlos Zeledón, coordinador de Comunicación del Partido Propuesta Ciudadana (PPC), señala que las detenciones recientes reflejan “un temor” de Ortega de competir en un proceso electoral “transparente y limpio”
“Lo que vemos es una caricatura grotesca de un país anulado. No tenemos un estado de derecho”, lamenta Zeledón, que cuestiona también el papel de la oposición y el sector privado, que a su juicio han demostrado un papel deficiente en medio de la crisis política.
“La oposición ha sido incapaz e inepta a reestructurarse en una propuesta sólida de país. No han demostrado ninguna capacidad de reacción, no tienen planificación estratégica. Es el clásico caso de tigre suelto, burro amarrado, pero ni suelto el burro se puede defender. Entonces hay una falta de visión política, de dignidad mínima”, concluyó Zeledón.
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