Redacción / IP Nicaragua
A Guillermina Zapata le arrebataron a su hijo un día como hoy. Llora. Es un llanto seco, sin lágrimas, porque dice también que hasta eso perdió. “Si uno pierde a un hijo, lo pierde todo”, asegura.
Ella es una de las madres que reniegan de este día: “No hay día de las madres, no hasta que haya justicia en Nicaragua”, dice.
A miles de kilómetros, Yadira Córdoba, en el exilio desde hace meses, también piensa lo mismo. “No hay nada que celebrar, solo un recuerdo trágico”, señala.
Ambas madres no pueden olvidar lo que pasó hace cuatro años: 19 hijos, uno de ellos de tan solo 15 años, salieron de sus casas y volvieron en ataúdes.
El 30 de mayo de 2018, corrió la sangre y el día acostumbrado a verse con el color rojo de una rosa por tradición, se tiñó de rojo sangre. Una tragedia.
Los organismos de derechos humanos fijaron en 19 los asesinatos del 30 de mayo de 2018. Ocho de ellos ocurrieron en Managua, durante la manifestación que opositores al régimen Ortega-Murillo bautizaron como “La Madre de todas las marchas” y que se organizó en solidaridad con las madres que hasta esa fecha habían perdido a sus hijos después de los sucesos de abril.
Ese día también siete personas fueron asesinadas en Estelí, tres en Chinandega y otro en Masaya.
El Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) concluyó que ese día, en la marcha del 30 de mayo de 2018, policías junto a civiles armados dispararon armas de grueso calibre contra los manifestantes.
Yadira Córdoba es un nombre que al mencionarlo en Nicaragua, uno lo asocia a esa masacre. Su hijo tenía tan solo 15 años, pero además fue la primera víctima de aquella acción irracional.
“Me destruyeron, no fue una vida la que quitaron, fueron dos de un tajo. Ese día también me mataron”, dice. “Cuando una madre entierra a su hijo así, parte de uno se va en ese ataúd, es muy doloroso todo esto”, dice Córdoba.
Su hijo, Orlando Daniel Aguirre Córdoba recibió un disparo en el tórax. Todavía con vida, pero grave, los manifestantes lo trasladaron al hospital Fernando Vélez Paiz, donde murió algunos minutos después.
“Yo miré las imágenes en televisión sin imaginar que mi hijo moría en un hospital”, dice su madre llorando.
Ese 30 de mayo el país amanecía con 76 muertos de acuerdo a un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque los organismos de derechos humanos locales, registraban 90.
Antes de la “Madre de todas las Marchas”, los nicaragüenses ajustaban un cerco al dictador a punto de banderas y marchas multitudinarias en todo el país, exigían su salida del poder.
La marcha del 30 de mayo, era entonces, la quinta gran marcha que había recorrido la capital y que contó también con réplicas en todo el territorio nacional.
Francisco Javier Reyes Zapata fue el primero de sus cuatro hermanos en felicitar a su madre. A doña Guillermina no le sorprendió. El muchacho era, según sus mismas palabras, cariñoso y aunque introvertido con los demás, con ella siempre tuvo mucha confianza. A las 6:00 de la mañana la abrazó y le deseo el mejor día de todos.
Diez horas después, en la Avenida Universitaria, a Francisco Javier un proyectil de alto calibre le perforó la parte trasera del cráneo y le salió por el ojo derecho. Murió en el lugar y casi de forma inmediata.
A doña Guillermina le dijeron por teléfono la mala noticia. Ella iba a la marcha pues quedaron en verse allá y volver juntos a casa, pero estaba atrasada. No lo volvió a ver vivo.
“Me destrozaron el alma y echaron sangre sobre un día sagrado. No hay nada que celebrar, y por supuesto no podemos olvidar lo que pasó”, dice Zapata.
“A las madres solo las vamos a celebrar cuando los responsables de esas muertes paguen por tanto dolor que nos causaron”, apunta.
“Si seguimos sin ver justicia por nuestros hijos, no hay Día de las Madres”, agrega Josefa Meza, madre de Eduardo Morazán Meza, otra víctima de aquel amargo día.
Morazán Meza tenía 21 años y estudiaba Diseño Gráfico en la Universidad del Valle. A Morazán Meza, otra bala de alto calibre, lo impactó y le sacó de su sitio el tallo cerebral. Quién disparó lo hizo con precisión de experto y con la certeza de que no podría sobrevivir. Y no lo hizo, falleció también en un hospital.
El régimen ha guardado silencio todo este tiempo sobre lo que pasó ese 30 de mayo. El GIEI no ha dejado de señalar como responsable y los organismos defensores de derechos humanos del país también.
En el informe -el grupo de expertos- presentado el 21 de diciembre de ese año en Washington, concluye que de los ataques armados, en al menos uno hay evidencia comprobada que fueron perpetrados en forma directa por la Policía junto a civiles armados.
La masacre del 30 de mayo es uno de los ataques armados ordenados por el régimen Ortega-Murillo contra opositores, que sustentan evidencias de “crímenes de lesa humanidad”.
“Lo son, son crímenes de lesa humanidad, fueron despiadados y lo que esperamos es que haya justicia, porque la habrá, estamos convencidos de eso”, dice Zapata.
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