En Nicaragua fueron promulgadas en 2020 leyes catalogadas por opositores y organismos de derechos humanos como violatorias de las libertades individuales básicas y reconocidas a nivel global.
Voz de América
Alrededor de 15 leyes fueron aprobadas durante este 2020 en el parlamento nicaragüense, dominado por el oficialismo, en contra de empresarios, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, señalaron legisladores a la Voz de América.
La diputada Azucena Castillo, una de las pocas voces críticas a Ortega en la Asamblea Nacional, sostiene que “el año legislativo 2020” ha sido como el que “ningún país quisiera haber tenido”.
“Fue un año de mucho dolor, de muchas leyes equivocadas y de muchos problemas para el pueblo nicaragüense. Se legislaron leyes contra las libertades públicas, contra la misma Constitución”, dijo Castillo a la VOA.
La diputada opositora considera que al inicio las leyes “eran en venganza” contra algunos sectores que se rebelaron al mandatario sandinista, pero luego se extendieron contra toda la ciudadanía en general.
Para ejemplificarlo, cita las reformas fiscales aprobadas a inicios de 2020, que cataloga como una forma de castigo al sector privado de Nicaragua, que estuvo trabajando de la mano con Ortega durante más de 10 años, pero rompió con el mandatario tras la crisis sociopolítica a raíz de las protestas que estallaron en 2018.
En el parlamento también se aprobaron leyes controvertidas durante los últimos meses, que impactan directamente a la oposición que le ha plantado cara al gobierno de Ortega, tras las protestas antigubernamentales.
Una de las legislaciones más polémicas fue la ley de Agentes Extranjeros, que entre otras cosas, obliga a organizaciones de la sociedad civil a registrarse ante una entidad a la que deberán rendir cuentas mensualmente.
“La Ley de Agentes Extranjeros de Ortega es una ofensa contra la democracia en Nicaragua. En vez de proteger la soberanía, esta ley busca criminalizar a medios independientes y grupos prodemocracia. Estamos con el pueblo nicaragüense que resiste este ataque contra la libertad”, dijo al respecto el diplomático estadounidense Michael G. Kozak en su cuenta de Twitter.
Otra legislación que fue cuestionada es la Ley Especial de Ciberdelitos, llamada “Ley Mordaza”, y que establece prisión para quienes el gobierno considere que “emiten noticias falsas” o “generen zozobra en la población”.
La ley, que entró en vigencia este 30 de diciembre, “pretende legalizar la censura que ya existe”, comentó a la VOA el periodista y director del medio Confidencial, Carlos Fernando Chamorro.
El exdiputado Eliseo Núñez compara el trabajo legislativo actual solamente con la forma en que se legisló en la década de 1980, cuando también los sandinistas tenían el poder.
El opositor recuerda que en esa época se promulgaron leyes violatorias a los derechos humanos que incluso dejaron en las celdas a expertos que divulgaban cifras que no eran agradables.
“Un economista estuvo detenido por revelar información sobre el Banco Central de Nicaragua, es decir, esto sí tiene precedentes. Por eso vemos a un Ortega atrincherándose más”, afirmó Núñez.
La diputada Castillo insta al gobierno de Ortega a recapacitar y hacer las reformas electorales necesarias, para el bien del país, y recuerda que varios legisladores ya han sido sancionados por Estados Unidos, incluyendo al propio presidente del parlamento, Gustavo Porras.
“Estados Unidos quiso dar algún tipo de señal al gobierno para tener reacción. Llegó a sancionar al propio presidente Porras, pero no escucharon. Prefirieron mantenerlo ahí. Tuvieron que hacer algunos movimientos para evadir las sanciones”, añadió Castillo.
Por su parte, el exdiputado Núñez valora que el año termina con una prioridad legislativa meramente con intereses que responden a Ortega y cero que favorezcan a la nación.
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