Alma Vidaurre / IP Nicaragua
Una nueva Ley de Partidos Políticos es una de las medidas que los grupos opositores demandan que se ponga en agenda para mejorar los procesos electorales en el país, pero en la actualidad es solo una “aspiración”.
En diciembre pasado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco, presentaron a la opinión pública el documento “Unidos construyendo consenso sobre las reformas electorales” en el que proponen un cambio en esta materia.
En el documento, ambas organizaciones opositoras proponen seis ejes de trabajo en material electoral, y en el último punto plantean elaborar una Ley de Partidos Políticos, que sustituya a la anterior.
“Esa es una aspiración programática, pero tampoco se considera indispensable para garantizar unas elecciones con los estándares democráticos, porque la Ley de Partidos debería permitir la democracia interna de los partidos”, dijo el opositor y miembro de la ACJD, José Pallais.
Una nueva ley debería establecer como una obligación que los partidos realicen elecciones primarias internas para la selección de candidatos que vayan a participar en los comicios de voto popular.
“Debería contemplar la posibilidad de elecciones primarias, debería sacar del control político del Consejo Supremo Electoral los conflictos internos de los partidos, son aspiraciones que, te digo yo, programáticas, pero de cara a un proceso electoral esto puede garantizar que sea un proceso de calidad sin que sea indispensable aprobar esta ley de partidos políticos”, apuntó Pallais.
Posibilidad es nula
La Ley de Partidos Políticos de Nicaragua data de 1983, fue aprobada el 17 de agosto de ese año para regular el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a organizar partidos políticos o a formar parte de ellos.
La ley, además, establece las normas que regirán la “constitución, autorización, funcionamiento, suspensión y cancelación de los mismos”.
Aunque la ley, establece que los partidos pueden concurrir a elecciones y presentar candidatos propios a los cargos de elección, no refiere nada a las primarias que reclaman los opositores.
La posibilidad de una reforma a la Ley de Partidos Políticos y de la misma Ley Electoral es nula por el contexto de la pandemia del coronavirus. La situación está siendo aprovechada por el gobernante, Daniel Ortega, para engavetar cualquier posibilidad de discusión con la oposición.
Según el exdiputado y analista político, Eliseo Núñez, en el pasado se ha expresado que se requiere una nueva Ley de Partidos Políticos para “poner los límites de intervención del CSE en el desarrollo interno de las organizaciones políticas”, por ejemplo.
“Todo eso es parte de lo que necesitas construir para que el sistema no vuelva a colapsar, eso es básicamente”, dijo Núñez.
No es inmediato
El analista político, sin embargo, coincide con el opositor y miembro de la Alianza Cívica, es decir no significa que sea urgente la aprobación de una nueva Ley de Partidos Políticos.
“No lo necesitas inmediatamente, eso lo necesitas para que el país no vuelva a caer en este modelo que tenemos ahorita, pero no es un asunto que lo necesites a lo inmediato”, añadió el analista político.
El artículo 62 de la Ley Electoral, Ley 331, establece puntualmente los derechos de los partidos políticos a organizarse libremente en todo el territorio nacional.
En el 2017, después de las elecciones municipales, la Misión de Acompañamiento Electoral de la Organización de Estados Americanos (MAE/OEA) recomendó reformar la Ley Electoral (Ley 331) y crear en Nicaragua una Ley de Partidos Políticos.
En un informe de 15 páginas, la MAE/OEA señaló la necesidad de mejorar “la equidad y el sistema de partidos políticos”. Recordaron que los partidos son “indispensables para el funcionamiento de la democracia”.
Esta misión estableció en su momento que una ley de partidos políticos sería un mecanismo de reglas de democracia interna.
En ese periodo de elecciones, la misión recibió denuncias de ciudadanos que fueron inscritos como candidatos sin ser consultados previamente.
Foto de portada: El Nuevo Diario.
