Redacción / IP Nicaragua
La escritora nicaragüense Gioconda Belli, denunció a través de su cuenta en Twitter que el régimen de Daniel Ortega saboteó su participación en un evento cultural al que fue invitada por la Organización de Estados Americanos (OEI) a realizarse en España el próximo mes de septiembre.
«Me avisan de la OEI que la embajada de Nicaragua en España ha vetado mi participación en este evento al que fui invitada porque ‘no represento al pueblo nicaragüense'», expresó este lunes la escritora.
Belli fue invitada a participar en la segunda edición del festival «Celebremos Iberoamérica», organizado por la OEI y que está previsto a celebrarse del 19 al 25 de septiembre de este año.
«Ni Cuba, ni Venezuela han hecho algo así, me dijeron», agregó en su mensaje la escritora.
Más tarde, en otro mensaje Belli aclaró que no le está reclamando a OEI y que «no fue alguien de esa organización la que habló de Cuba y Venezuela», sino que «fue alguien que conoce de las situaciones la OEI está dedicada a la cultura», manifestó.
Belli es una reconocida crítica del régimen de Ortega. Desde 2018, la escritora denunció la represión del régimen a nivel nacional e internacional.
Desde PEN-Internacional, la escritora también ha denunciado las agresiones del régimen contra los periodistas nicaragüenses.
En febrero de 2021, Belli se vio obligada a cerrar PEN-Internacional en Nicaragua, por las exigencias de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (No. 1040) mejor conocida co «Ley Putin», por su simulación con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin, en 2012.
La Asamblea Nacional, dominada por el régimen aprobó en octubre de 2020 la «Ley Putin» que exige a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento del exterior registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) como «agentes extranjeros» y rendir regularmente cuentas de sus actividades y donaciones.
Según críticos del régimen, esta ley tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles. El régimen acusa y criminaliza a las personas y organizaciones por ese hecho.
Bajo dicha regulación ya se han cancelado cientos de ONG en lo que va del año.
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