Fin de semana de asedio policial a cinco activistas de Nicaragua

* Policías tiran piedra a las casas de personas asediadas, según las denuncias hechas en redes sociales.

Redacción central / IP Nicaragua

Cinco activistas del país denunciaron a través de sus redes sociales el asedio policial que sufren por ser opositores al gobierno durante este fin de semana. Las denuncias las han acompañado con fotografías de patrullas policiales y agentes sentados en las afuera de sus casas y el cierre del paso en sus respectivas cuadras.

En medio de la crisis que vive el país, por la pandemia del covid-19, y la autocuarentena que la mayoría de los líderes y excarcelados han adoptado por hacer, la Policía Nacional asedió este fin de semana las viviendas de Byron Estrada, Neyma Hernández, Ivania Álvarez, Alexa Zamora y Sara Oporta.

Ivania Álvarez, excarcelada política, integrante del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de Tipitapa y miembro del consejo político de la Unidad Azul y Blanco, dijo que este sábado 20 de junio volvieron a asediar su vivienda.

En el momento del acoso, “mi mamá hoy se enfermó, por el susto, porque estaba desayunando y le dio dolor de estómago y se le subió la presión, ella ya tiene 70 años, entonces si tuvimos ese problema, hicieron como que ya se habían ido y ella creía que ya no iban a regresar y ahora regresaron, luego de dos horas los agentes desalojaron el lugar”, señaló Álvarez.

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Desde hace cinco semanas, la Policía no había llegado a asediar la vivienda de su mamá, pero hoy llegaron a la casa de su abuela. Según amistades policiales, el acoso que está recibiendo es por promover la moratoria del pago de los servicios básicos.

“Me están asociando a una campaña de quebrar medidores, lo cual es falsa. Nosotros estamos a favor de la moratoria, que se suspendan los pagos, que las personas no consuman más de 150 kilowatt por la situación de la pandemia. Pero definitivamente las redes orteguistas nos acusan de promover una campaña de quebrar medidores y de tomarse Unión Fenosa. Esto (asedio) ha estado fuerte los últimos días y creemos que lo de hoy pudo haber estado asociado a la resolución de la ONU”, denunció la activista Álvarez.

Esta opositora sufre de acoso e intimidación desde el 25 de septiembre del 2019, cuando “promovimos una marcha por la memoria de Matt Romero”.

“El murió el 23 de septiembres y la marcha fue convocada para el 25, y ese día los policías no dejaron salir a mi familia por más de 12 horas. Amanecieron ahí. Mi hermano había estado siendo buscado y estuvieron ahí plantados, no pudieron salir del todo. Estuvieron presos en la casa hasta que anocheció y se terminó la marcha. Desde ahí no han parado. Paró hasta ahorita. Se arreció más cuando me echaron presa. Mandaron a los paramilitares. Rompieron las cosas. Querían robar. Eso a finales de noviembre y no ha parado hasta finales de marzo. Cuando los denunciamos, que andaban propagando el coronavirus en la cuadra, hubo molestias y ellos dejaron de llegar y se han reactivado ahorita. Vamos a cumplir un año en septiembre, un año de asedio”, lamentó Álvarez.

Álvarez, de 37 años, es activista desde hace 15 años, desde su época de estudiante universitaria. No había sido víctima de asedio o acoso policial directo, hasta ahora que es activista política opositora del Gobierno de los Ortega-Murillo.

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Otro caso de acoso policial lo sufrió el exreo político Byron Estrada, quien desde que se involucró en las protestas estudiantiles ha sido secuestrado, enjuiciado, condenado y ahora asediado en su casa de habitación. En una ocasión, asaltaron el negocio en su casa de habitación, cuyas pérdidas están valoradas en 6,500 dólares, dinero que hasta la fecha la misma policía que lo acosa no le ha dado solución a su denuncia.

“Nosotros no dañamos a nadie”

En horas tempranas del sábado, un contingente de al menos diez agentes policiales se apostó en las afueras de la casa de la familia Estrada, que, a través de un video, la mamá de Byron denuncio:

“En estos precisos momentos tenemos a la Policía Nacional. Nos están lanzando piedras hacia nuestra casa, aquí los tenemos, son unos grandes atrevidos, porque nosotros no les hacemos ningún daño. Ellos son los que andan dañando al pueblo. Nosotros no dañamos a nadie. Tenemos aquí todo, tenemos las evidencias, ahí tenemos las camionetas y los tenemos a ellos, atrevidos, por habernos tirado piedras a nosotros en nuestra casa”, dijo indignada la madre de Estrada.

Otro S.O.S. lo hizo Neyma Hernández, excarcelada política, integrante del M19A Tipitapa y miembro de la Articulación de Movimientos Sociales y la Unidad Nacional Azul y Blanco, ya que a la casa de habitación de su abuela llegaron ocho policías a preguntar por el paradero de la líder estudiantil.

“Desde febrero, han comenzado a asediar seguido. Cada fin de semana a la casa de mi mamá. Ya estuvieron durante cinco semanas, pero ya no venían, hasta hoy que llegaron a la casa de mi abuelita. Jamás habían llegado, pero llegaron. Se dieron la vuelta y se parquearon frente a la casa. Se bajaron y preguntó el jefe del distrito ocho por mi nombre. ‘Se encuentra Neyma Hernández’, le preguntaron, ¿Para que la quieren? No contestaron, y se hicieron al lado de la patrulla, ahí se quedaron por más de dos horas y no se movieron. Cerraron el paso. Se acercó una oficial mujer y dijo que no podía salir nadie de la casa”.

Hace 17 días, el abuelo de Neyma falleció por covid-19 y su abuela hoy día está recuperándose de la pérdida de su compañero de vida, las secuelas del covid-19 y ahora del acoso e intimidación policial.

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“Ella quedó muy afectada por la muerte de mi abuelito y aparte, apenas se está recuperando del covid-19 y esto también le afectó. Fue una crisis nerviosa, que hasta el momento a ella la tienen sedada, estaba muy nerviosa y está descontrolada. A ella le afectó mucho y lo que dijeron para irse es que volvían mañana”, relató Neyma.

La dirigente estudiantil, de 26 años, ha interpuesto denuncias por cada una de las veces que ha sido acosada y asediada, y está en proceso de recibir medidas cautelares. La Policía ha iniciado el acoso hacia ella desde que fue liberada, después de estar presa 46 días, por haber ido a entregar botellas de agua a varias madres de presos políticos que se declararon en huelga de hambre dentro de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, donde fue capturada, acusada, enjuiciada y condenada por ser parte de la “banda de los aguadores”.

“Yo soy del municipio de Tipitapa y siempre me han visto que he sido activista desde hace 10 años y siempre he andado en contra del Gobierno actual. La primera vez que llegaron fue el 20 de febrero. Dijeron que no podía salir porque yo era una de las organizadoras de las marchas en Managua y que lo que estaba haciendo era destruyendo el país, destruyendo la paz, su búsqueda por mí es porque ellos creen que yo soy la que organiza las marchas”, sostuvo Hernández.