Familias abandonan sus tierras ante presencia ilegal de colonos en territorio indígena Sang Sang

Redacción / IP Nicaragua

La organización comunitaria Prilaka Community Foundation denunció que al menos 25 familias indígenas de la comunidad Sang Sang, ubicada en el territorio Li lamni, municipio de Waspam en la Costa Caribe Norte, abandonan sus áreas de producción por temor a ataques armados de colonos.

Se trata de familias miskitas, ubicadas por más de 10 años y a 25 kilómetros de Sang Sang, en los sitios conocidos como Suntilin Kika lamni, Ispail bikan y Misin main.

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Por años se han dedicado a la agricultura de subsistencia, la ganadería, la caza de animales silvestres y la güirisería artesanal, denunció la organización comunitaria.

«Ha sido amenazadas, intimidadas y asediadas de forma constante desde el 18 de abril del corriente año, por bandas armadas de colonos», mencionó Prilaka.

Familias salvaguardan sus vidas

Las familias miskitas, incluidos niños y niñas, mujeres y ancianos, no tuvieron otra opción que abandonar, «contra su voluntad» sus fincas.

«Estas familias se enfrentan a la incertidumbre y la pobreza, producto de las invasiones violentas de sus territorios», denunció la organización comunitaria a través de un comunicado en sus redes.

Abandonaron sus bienes

Prilaka mencionó que las familias al salir de sus territorios dejaron abandonados sus bienes, animales de patio y sus cultivos que adquirieron a lo largo de tantos años, para salvaguardar sus vidas.

«No saben cuándo habrá condiciones para que puedan regresar. Tampoco si al regresar todos sus bienes se encontrarán tal a como los han dejado», señaló Prilaka.

La organización comunitaria aseguró que «ni tienen medios o recursos para garantizar la alimentación y la seguridad de sus familias en la comunidad de Sang Sang y las comunidades vecinas».

Demandan cumplir ley

Las comunidades indígenas de la Muskitia de Nicaragua siguen demandando al gobierno de Nicaragua atender debidamente las denuncias de la «presencia ilegal de colonos en sus territorios».

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Sugieren que es deber gubernamental cumplir el saneamiento territorial, quinta etapa del proceso de demarcación y titulación territorial, establecido en la ley 445, Ley del Régimen de Propiedad comunal de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas.

A su vez, instan a la judicialización de los responsables de estos crímenes contra los comunidades indígenas y su patrimonio comunal.