Un grupo de manifestantes protestó en las afueras de la embajada de Nicaragua en San Juan, el 23 de enero. [Foto Houston Castillo, VOA]
SAN JOSÉ, COSTA RICA —Un grupo de exiliados nicaragüenses protestaron este lunes frente a la embajada en Costa Rica demandando la liberación de varios religiosos a quienes la justicia abrió sendos procesos, como el obispo Rolando Álvarez, acusado de divulgar noticias falsas y de conspiración contra el Estado.
Sofía Traña, una de las manifestantes que se presentó al plantón con carteles con imágenes de varios sacerdotes detenidos aseguró a la Voz de América que los procesos judiciales contra los religiosos son “políticos” y tienen como fin “acallar” a la Iglesia católica.
De igual forma Dora Sevilla, otra opositora presente ante la embajada, indicó que las acusaciones en contra de los religiosos “son falsas”. “Esos dos anticristos lo van a pagar bien caro”, sentenció Sevilla en referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El dirigente del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), Gabriel Putoy, afirmó en declaraciones a la VOA que los juicios, además de ser “políticos”, son “una violación a la libertad de culto y religión” en Nicaragua.
El obispo Rolando Álvarez, de 56 años, es uno de los últimos religiosos en enfrentar un proceso judicial en Nicaragua, acusado de los delitos de conspiración y de propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado: Hasta la fecha, estos dos cargos solo se les había imputado a líderes de la oposición.
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El pasado 10 de enero una juez remitió la causa a juicio, luego de mantener la medida del arresto domiciliar en su contra.
Sin embargo el padre Oscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo Mulukuku, ubicada en la costa Caribe de Nicaragua, se convirtió en el primer sacerdote condenado por “traición a la patria”.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha negado en ocasiones pasadas que los procesos judiciales tengan un fin político y ha tildado a los sacerdotes de “golpistas” y “diablos con sotana” por criticar su mandato.
En 2022 se abrieron al menos 15 procesos penales en contra de sacerdotes de la Iglesia católica, de acuerdo con una investigación realizada por la nicaragüense Martha Patricia Molina, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.
Molina aseguró a la VOA que este año los procesos se arreciarán tomando en cuenta el juicio en contra del obispo Rolando Álvarez, crítico al gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua.
“Existen sacerdotes que están siendo asediados por la policía y paramilitares 24 horas. También existen prohibiciones de realizar actos religiosos como procesiones”, lamentó Molina, quien agregó que la Iglesia católica está siendo «perseguida».
Con información de la Voz de América
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