Redacción / IP Nicaragua
El Departamento de Estados de Estados Unidos impuso restricciones de visa a otras 93 personas que se cree que socavaron la democracia tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega en Nicaragua, en noviembre de 2021.
Entre las personas a las que se les retiró la visa hay jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior.
«Los jueces y fiscales alineados con el régimen comparten la complicidad en los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo para socavar la democracia a través de su participación en los juicios y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes», informó este lunes el Departamento de Estado.
Los «corruptos sistemas judiciales y de seguridad del régimen» arrestaron y enjuiciaron a estos líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por «decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONG y abogar públicamente por alternativas al gobierno represivo del régimen, actividades que deberían permitirse bajo la propia constitución de Nicaragua o cualquier sistema político democrático».
Una nota emitida por el Departamento de Estados destaca que «Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas de presos políticos por parte del régimen Ortega-Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil».
Por esa razón, Estados Unidos afirma que seguirán «comprometidos a aplicar una gama de herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua»
Los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior (Gobernación), según la nota, «permitieron que el régimen de Ortega-Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses».
El Departamento de Estado explica que «mediante el uso de leyes represivas», el régimen de Ortega y Murillo despojó de su personería juridica a a más de 400 oenegés y una docena de universidades de su estatus legal.
El régimen, además tiene a más de 180 presos políticos, muchos de los cuales «sufren por falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar».
Recordaron que un preso político ha muerto y otros permanecen en régimen de aislamiento.
«Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas», afirmó Estados Unidos.
Estados Unidos reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de los injustamente detenidos y al restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
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