En un gesto de solidaridad con los opositores políticos de Nicaragua, el Gobierno de España otorgó la nacionalidad española a seis nicaragüenses que se encuentran exiliados. Esta decisión se enmarca dentro de los esfuerzos internacionales por apoyar a aquellos que han sido perseguidos por motivos políticos en Nicaragua.
El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, en cada una de las resoluciones a favor de Yader Alfonso Morazán Flores, Manuel Jacinto Díaz Morales, Jimmy Alfredo Guevara Hernández, Alejandra de los Ángeles Pérez González, José Luis Díaz Cruz y Erick Mauricio Díaz Fernández, alegó que se otorga la nacionalidad dadas las «circunstancias excepcionales que concurren».
Los beneficiarios de esta medida son figuras críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que han enfrentado represión y persecución en Nicaragua.
La concesión de la nacionalidad española no solo ofrece seguridad jurídica a estos activistas, sino que también les proporciona acceso a derechos y beneficios como ciudadanos de la Unión Europea.
Esta acción por parte del Gobierno Español, uno de los primeros en ofrecer la nacionalidad a los desterrados y desnacionalizados por el régimen Ortega Murillo, ha sido recibida con gratitud por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes han criticado las políticas represivas en Nicaragua y han pedido más medidas de apoyo a los opositores nicaragüenses.
En una acción ampliamente criticada por la comunidad internacional, Ortega y Murillo expulsó a 222 presos políticos en 2023, a quienes despojó de su nacionalidad, entre ellos diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores políticos, periodistas, académicos, estudiantes, y empresarios.
Esta medida fue seguida por otras 94 expulsiones un mes después, como parte de una creciente ola de represión contra voces disidentes y críticas al régimen.
La situación política en Nicaragua sigue siendo motivo de preocupación, con informes continuos de represión contra la libertad de prensa y la oposición política. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue buscando formas de presionar por el respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia en el país centroamericano.
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