El Poder Ejecutivo de Costa Rica negó su participación en la extradición del opositor nicaragüense Douglas Pérez Centeno, entregado a la Policía de Nicaragua el 16 de febrero de 2024.
«Ante informaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al Poder Ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, el Gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones”, indica un comunicado difundido por la Casa Presidencial costarricense.
A Pérez Centeno lo recibió la Policía Nacional de Nicaragua, institución que según sanciones de Estados Unidos está acusada de «usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipes de escuadrones de la muerte; además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros».
Al opositor lo extraditaron, pese a que había presentado un recurso de Habeas Corpus aduciendo riesgo de tortura por parte del régimen de Daniel Ortega.
Según el Poder Ejecutivo de Costa Rica, la «extradición es un proceso 100% judicial en el que solo tienen participación y ejecución las autoridades de ese Poder de la República».
«Aclaramos que este proceso, verificado y desarrollado jurisdiccionalmente y al ser de naturaleza judicial, no participan autoridades del Poder Ejecutivo en forma absoluta”, concluye el comunicado del Ejecutivo costarricense.
Pérez Centeno es un exmiembro de la Resistencia Nicaragüense de Nicaragua y se le extraditó por su presunta participación en la muerte de una policía y un civil, junto al también nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, quien se encuentra encarcelado en territorio costarricense.
En su recurso presentado a la justicia costarricense, el opositor alegó el riego que corre de tortura en las cárceles de Nicaragua, debido a que, según relatos de reos y excarcelados políticos, los perseguidos por el régimen son víctimas de un tratos crueles e inhumanos.
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