El Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) emitió una nueva alerta a sus ciudadanos para «no viajar a Nicaragua», debido, citó, la aplicación arbitraria de las leyes.
«Reconsidere viajar a Nicaragua debido a la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la limitada disponibilidad de asistencia sanitaria. Extreme las precauciones en Nicaragua debido a la delincuencia», advirtió Estados Unidos.
La alerta señala que en toda Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley «continúan persiguiendo a personas y organizaciones consideradas opositoras».
Por otro lado, Estados Unidos denunció que los «ciudadanos estadounidenses, incluidos los que tienen doble nacionalidad nicaragüense-estadounidense, han sido objeto de revocación de la ciudadanía nicaragüense, prohibición de reingreso, expulsión y otras acciones».
Nicaragua, desde 2018, vive una crisis sociopolítica que dejó 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y más de medio millón de personas que huyen del país. «El Departamento ha determinado que existe el riesgo de detención ilegal de ciudadanos estadounidenses».
En la alerta el gobierno estadounidense señala que el régimen nicaragüense y sus grupos afiliados comenten todo tipo de arbitrariedades como «impedir arbitrariamente a personas entrar o salir de Nicaragua por aire o tierra por supuestas asociaciones».
Además, registran teléfonos, ordenadores y documentos personales «en busca de contenido antigubernamental, limitar las fotografías de propiedades del gobierno y, en ocasiones, confiscar los dispositivos».
El 9 de febrero de 2023, el régimen liberó a 222 presos políticos y los desterró a Estados Unidos, además que los desnacionalizó.
Según Estados Unidos, en Nicaragua se persigue sistemáticamente a «personas por motivos políticos, independientemente de su nacionalidad, incluidos antiguos aliados, activistas políticos, representantes empresariales, clérigos, defensores de los derechos humanos, líderes de la sociedad civil, académicos y miembros de la prensa».
«Perseguir arbitrariamente a defensores de la democracia y a sus familiares, confiscar tierras, residencias, activos financieros y bienes personales de propiedad privada sin previo aviso ni garantías procesales», denuncia Estados Unidos.
En Nicaragua, los «ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua también denuncian un mayor escrutinio de la supuesta expresión política».
«Los ciudadanos estadounidenses detenidos en Nicaragua pueden verse sometidos a prolongadas detenciones sin cargos ni respeto de las garantías de un juicio justo. El proceso judicial carece de transparencia, especialmente en las detenciones por motivos políticos y en los casos de litigios sobre la propiedad. La influencia y la presión políticas pueden influir en el resultado de los procedimientos judiciales», añade.
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