Redacción/IP Nicaragua
Larry tiene dos carreras universitarias y una trayectoria profesional prometedora. En septiembre pasado cumplió 32 años, es una persona respetada y valorada, amante del voleibol y del ejercicio físico. Hace una década decidió “salir del armario” y se ha sentido feliz de decir que es homosexual.
Su identidad sexual nunca la ocultó hasta hace unos cinco años cuando le toco incorporarse al mercado laboral.
“Tuve que ocultar lo que soy porque no quería perder la oportunidad de trabajo, sentía miedo a ser discriminado y el cargo era importante. Aposté por ser director académico en un colegio capitalino, donde difícilmente verás a un cochón ejercer como dice la gente vulgar, pues creen que somos inmorales y un mal ejemplo para la sociedad, pero se equivocan”, comentó Larry
Durante todo el tiempo que Larry estuvo como director académico tuvo que “regresar al closet” para evitar perder el cargo o recibir comentarios despectivos. Un día no pudo más, y decidió poner todo en su lugar sin importar las consecuencias.
“Me preguntaron en una reunión de maestros por mi situación amorosa y les dije que vivía con mi novio. Algunos se quedaron con la boca abierta, otros solo me sonrieron porque sospechaban, pero me sentí tan yo, estaba por fin dejando a un lado los perjuicios, literal, no me importó que el mundo empezara a arder y así fue, me di cuenta de quiénes ya no me veían con los mismos ojos”, relató Larry.
Como era de esperarse, algunas personas del centro hicieron señalamientos en contra de Larry y sus superiores le mantuvieron en el cargo solo por unos meses más, hasta que inició la pandemia y le dieron su carta de despido por supuesto recorte de personal. Larry no descarta que su despido fue un acto de discriminación.
Larry salió adelante poniendo una pequeña sastrería en su casa y hasta la fecha no se ha dado por vencido, aunque ha metido solicitudes de empleos en algunas instituciones y empresas para ver si logra ejercer sus carreras, pero está claro que las oportunidades al menos en este país son limitadas.
Franklin Hooker Solano, activista feminista y de la disidencia sexual, especialista en Género y Comunicación, explicó a IP Nicaragua que en el país persisten múltiples formas de violencia y discriminación en contra de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas trans.
Hooker Solano, quien además es comunicador y miembro del equipo coordinador del Observatorio LGBTIQ+ del Programa Feminista La Corriente explicó que en términos jurídico legales han transcurrido 13 años desde que se despenalizó el delito de sodomía que regía en Nicaragua y que criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo.
La tipificación como delito sirvió para justificar la discriminación y la violencia de la que han sido víctimas homosexuales, lesbianas, travestis y personas trans.
“El nuevo Código Penal aprobado en el año 2008 penaliza la discriminación por motivos de orientación sexual, sin embargo, a pesar de la frecuencia con que se cometen actos discriminatorios, incluso por parte de funcionarios públicos, no conocemos de ninguna sanción legal”, señaló Hooker Solano.
En medio de la crisis generalizada de derechos humanos que vive el país desde abril del 2018, agravada por la total impunidad, las personas LGBTIQ han estado expuestas a una mayor violencia, según Franklin.
“La represión, el recrudecimiento de los fundamentalismos religiosos, el exilio forzado, el desempleo y la pobreza, colocan a lesbianas, homosexuales y personas trans en una situación de mayor vulnerabilidad”, enfatizó Hooker Solano.
En 2010, el Grupo Estratégico por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual (GEDDS) publicó un estudio titulado “Una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua”, donde se expone cómo debido a la identidad y opción sexual, se sufre discriminación y violencia de la sociedad misma que se expresa de manera psicológica, física y sexual, en áreas laborales, de salud, educación y religión.
Hooker Solano indicó que no existe una actualización de dicho estudio, y ese es uno de los pendientes en materia de las problemáticas que enfrentan las personas LGBTIQ+ en Nicaragua.
El activista comenta que las situaciones de discriminación y violencia contra personas LGBTIQ+ que tienen acceso a un empleo son muchas y también con quiénes apenas buscan la inserción en el mercado laboral.
“Tanto las instituciones del Estado, como las empresas privadas, exigen a las y los trabajadores adoptar estilos y comportamientos que se correspondan con las normas binarias de género y la heterosexualidad”, expresa.
Aun siendo ilegal es frecuente el acoso y despidos de lesbianas, bisexuales, homosexuales y personas trans sin ninguna otra justificación que su orientación sexual o expresión de género. Para las mujeres trans es aún más difícil encontrar un empleo a menos que se esté dispuesta a adoptar el género que asigna la cédula de identidad, señaló Hooker Solano.
Kendra Ferreti, una mujer trans, habitante de Granada, compartió sobre su situación al medio digital Diversas.
Ferreti, de 26 años, relató que estudió para ser maestra, pero por ser mujer trans jamás la contrataron.
«Es difícil encontrar trabajo, no somos aceptadas, para subsistir me hice trabajadora sexual, y también vendo productos», señaló Ferreti.
La joven indicó que varias veces ha sido víctima de robo y violencia, y cuando pone la denuncia, las autoridades se burlan de ella.
«No me hacen caso, y es triste porque al final todos merecemos respeto», subrayó Ferreti.
Aunque el artículo 36 del Código Penal vigente incluye como circunstancias agravantes de la responsabilidad penal del delito la discriminación por orientación sexual y en el título Delitos Contra los Derechos Laborales, en su Capítulo Único, el artículo 315 hace referencia a la discriminación laboral por opción sexual, entre otros, no existe ningún tipo de monitoreo y seguimiento para su cumplimiento.
Hooker Solano señaló que el 14 de febrero de 2008, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley número 648, Ley de igualdad de derechos y oportunidades, que fue publicada posteriormente en La Gaceta 51 del día 12 de marzo del mismo año. “No obstante, esta normativa jurídica tampoco ha garantizado el acceso a empleos dignos a las personas LGBTIQ”, remarcó el activista.
Asimismo, el Código Laboral no establecen prohibiciones explicitas de no discriminación por orientación sexual e identidad, lo que coloca a las personas LGBTIQ+ en una situación de indefensión.
“A ello se agrega el debilitamiento de los sindicatos que gracias a la falta de autonomía han perdido la capacidad de representar los derechos de la clase trabajadora”, señaló Hooker Solano.
La inexistencia de políticas públicas de empleo que reconozcan los derechos de las personas LGBTIQ+, hace de Nicaragua un país con altos índices de desempleo, auto empleo e informalidad donde este segmento de la población que pertenece a los sectores más vulnerables encuentran múltiples dificultades para tener acceso a empleos formales.
“La falta de oportunidades para acceder a una educación de calidad, la carencia de recursos para emprender iniciativas de auto empleo y los prejuicios que prevalecen en la sociedad, configuran un escenario adverso para que las personas LGTBIQ+ puedan ejercer un tipo de trabajo que les permita satisfacer sus necesidades básicas de manera sostenida”, manifestó Hooker Solano.
Hooker Solano mencionó que empleos como los que ofrecen las zonas francas con bajos salarios y agotadoras jornadas de trabajo, también suponen acoso y tratos humillantes.
“Con frecuencia particularmente las mujeres trans se dedican a la venta de productos alimenticios, trabajos por comida o el trabajo sexual para poder sobrevivir”, dice.
En el mejor de los casos mujeres trans y homosexuales logran encontrar empleo en salones de belleza o como ayudantes de cocina, donde también se ven obligados a sobrellevar situaciones de acoso, humillación y explotación.
“Los programas de crédito para la creación de micro empresas no están al alcance de la población LGTBIQ+ que pertenece a los sectores más pobres, ya que las condiciones de acceso son restrictivas y tienen el peso de los prejuicios”, resaltó Hooker Solano.
Hooker Solano añadió que en el Programa Feminista La Corriente junto a colectivos y activistas de disidencia sexual dentro del país y en el exilio, se encargan de construir una agenda que llaman “Por una Nicaragua libre de violencia y discriminación”, en materia de empleo dirigen demandas tanto al Estado como a la empresa privada, que permitan la construcción de espacios laborales inclusivos para la población LGBTIQ+.
“El Estado tiene la responsabilidad de prevenir actos de discriminación contra personas LGTBIQ+ tanto en las instituciones públicas como en las empresas privadas, incluyendo la creación de protocolos de contratación respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de las personas y la creación de una oficina especializada para tramitar denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género», dijo Hooker Solano.
Agregó que el Estado debe crear programas de empleo, autoempleo y fomento de la pequeña empresa que den cabida a la población LGTBIQ+ estableciendo requisitos de acuerdo a sus posibilidades y necesidades.
“El instituto de capacitación técnica debe incluir ofertas variadas que consideren las demandas de la población LGTBIQ+, así como, el establecimiento de cupos y de becas como mecanismos que aseguren su inclusión, en el caso de la población LGTBIQ+ de las zonas rurales, el Estado debe integrarlas en los programas de asistencia técnica, créditos para la producción y acceso a la tierra”, expresó Hooker Solano.
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