Todo el patrimonio, bienes y acciones de la Cruz Roja Nicaragüense pasarán a manos del Estado por disposición de la Asamblea Nacional que este 10 de mayo anuló el decreto legislativo que en 1958 creó a la benemérita institución.
Con 91 votos a favor se aprobó en lo general en la Asamblea Nacional la Ley de Derogación del Decreto Legislativo 357 de 1958 y Creación de la Cruz Roja Nicaragüense que fue envidada con «carácter de urgencia».
El artículo 2 de la iniciativa aprobada este miércoles establece que la institución será un «ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones».
La institución pasará a manos del Ministerio de Salud (Minsa), indica la disposición legislativa. El patrimonio y bienes continuarán siendo administrados por la Cruz Roja, pero de ahora en adelante como un ente descentralizado del Minsa.
Lo dictado por la Asamblea también establece que la benemérita institución continuará dando cumplimiento al marco jurídico internacional.
La Asociación Cruz Roja Nicaragüense se rige los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es decir principios de «humanidad, imparcialidad, neutralidad».
No obstante, en la exposición de motivos se recriminó el accionar de la institución durante las manifestaciones de 2018 en el país centroamericano.
«En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y la estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales», refiere el documento.
La idea de fundar una Cruz Roja Nicaragüense nació el 31 de marzo de 1931 cuando la ciudad de Managua, la capital, fue sacudida por un violento terremoto seguido de un arrasador incendio que la destrozó en casi su totalidad.
La iniciativa también fundamenta que la Cruz Roja incumplió el marco regulatorio de los organismos sin fines de lucro.
Exponen que el Ministerio de Gobernación remitió informe señalando que no presentó los estados financieros y balance contable acompañado de la declaración fiscal y no hubo verificación de sus donantes y proveedores de fondos, es decir presentó «información desactualizada».
Debido a lo anterior, el Ministerio de Gobernación solicitó la derogación y cancelación de su personería jurídica porque estaba «actuando contra ley expresa».
Bajo esa misma línea, el régimen ha cancelado más de 3 mil organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua.
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