Las organizaciones de la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) se unieron al llamado de sanciones para el Ejército de Nicaragua, que funciona bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Mediante un comunicado, las organizaciones se dirigieron a «todas las organizaciones internacionales y gobiernos de vocación democrática y comprometidos con la defensa de los derechos humanos, para solicitar que coadyuven con el castigo a uno de los brazos represivos de la dictadura Ortega-Murillo, el Ejército orteguista».
«Nos dirigimos a ustedes con preocupación y alarma debido a la escala de violencia y represión que está ocurriendo en el país, en la cual queremos resaltar la complicidad del Ejército, en especial la de sus altos mandos. La agresividad de las fuerzas armadas y de seguridad ha llegado al extremo de amenazar de manera explícita a la ciudadanía en general, opositores, medios de comunicación independientes y autoridades eclesiásticas», indica el comunicado de la PUDE.
Las organizaciones opositoras aseguran que han «recibido informes creíbles y evidencias que indican la participación de la institución castrense en graves violaciones a los derechos humanos, incluida detenciones arbitrarias, torturas, maltrato y desapariciones forzadas, entre otros actos atroces».
El Departamento de Estado de Estados Unidos con anterioridad concluyó que el Ejército nicaragüense no solo se negó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapoliciales” que durante y con posterioridad a las revueltas políticas de 2018 agredieron a la población.
«Las evidencias indican que también entregó armas a los grupos parapoliciales que perpetraron actos de violencia contra los nicaragüenses», dijo el Departamento de Estado.
Por ello, las organizaciones consideran que «es imperativo que la comunidad internacional actué de manera inmediata y decisiva para poner fin a esta situación inaceptable. Por lo tanto, hacemos un llamado para imponer sanciones al Ejército, a sus empresas, y a todos los responsables de la represión contra la población».
«Estas medidas son cruciales para enviar un mensaje claro de que la violencia y la violación de los derechos humanos no son aceptables y mucho menos toleradas en las Américas».
Finalmente exhortan «a todos los países y organizaciones a unirse en esta causa y tomar medidas inmediatas para asegurar la justicia y la protección».
Entre las organizaciones opositoras firmantes están: Unión Nicaragüense Autoconvocada (UNA), el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), Funadec, Avanza tu Voz en nuestro Poder, Iniciativa por el Cambio, Conigua, entre otras.
La petición de las organizaciones que integran PUDE, secunda la iniciativa de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que pidió al Congreso de Estados Unidos sancionar el Ejército de Nicaragua y al régimen.
AUN, específicamente, solicitó que se apliquen las sanciones con la Ley Renacer, (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) y la Ley Nica Act, que son dos proyectos para presionar internacionalmente al régimen de Nicaragua.
En el comunicado emitido por los universitarios, informan que han iniciado una “campaña de incidencia política ante el Congreso de Estados Unidos, apelando a sus 535 miembros para que impongan sanciones contra el régimen de Ortega y Murillo y, específicamente, contra el Ejército Sandinista.
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