Por primera vez en la reciente historia de Nicaragua, un partido gobernante se atribuye el control absoluto de los gobiernos locales del país, incluida la Costa Caribe, lo que atenta contra la autonomía municipal, según expertos consultados por IP Nicaragua.
«La autonomía municipal nunca había estado en tanto riesgo como ahora, nunca había sido tan amenazada», advirtió un municipalista, tras la «farsa electoral» del 6 de noviembre pasado.
Mientras tanto líderes comunitarios afirman que en la Costa Caribe «no hay autonomía municipal».
El 14 de noviembre de 2022, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, publicó los “resultados” provisionales de los comicios municipales. Como se había previsto, le adjudicó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) las 153 alcaldías, con lo cual el partido oficialista tendrá el control absoluto de los gobiernos locales.
Los partidos colaboracionistas deberán conformarse con unas cuantas concejalías y con el reembolso electoral que recibirán a cambio de ser partícipes de este simulacro electoral.
Autoridades del partido indígena Yatama y organizaciones juveniles reportaron la detención de un grupo de personas en Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, quienes fueron capturados el pasado 11 de noviembre por protestar por el despojo de las alcaldías en las votaciones municipales.
Inicialmente se contabilizaban 19 detenidos, pero el miércoles 16 de noviembre la Policía liberó a ocho, confirmaron autoridades de Yatama. El resto de personas siguen encarcelados.
La ciudad costeña de Bilwi está ubicada a más de 500 kilómetros de Managua, que es la capital del país.
«Aquí no hay autonomía. La Ley 28 no existe, ninguna ley en Nicaragua existe. Están en papel, pero en derecho hay una gran laguna», expresó un líder comunitario en entrevista con IP Nicaragua que simpatiza con el partido Yatama.
«En la Costa Caribe Norte ni siquiera las alcaldías, las instituciones tienen autonomía, todo está centralizado por el Gobierno central. Nosotros hablamos de una autonomía que está contaminada, que no viene a beneficiar en nada a los pueblos indígenas», añadió el líder comunitario que prefirió mantenerse en anonimato por temor a represalias.
La Ley número 28, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, «establece el régimen de autonomía de las regiones en donde habitan las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y reconoce los derechos y deberes propios que corresponden a sus habitantes, de conformidad con la Constitución Política».
Pero, «no se cumple» reitera el líder comunitario. «Los alcaldes no son electos son impuestos por el partido FSLN», aseguró.
Asimismo explicó que «el pueblo por costumbre y tradición y respetando la Constitución indígena, eligen mayoritariamente a sus autoridades levantando la mano, pero esas autoridades que elige el pueblo no son reconocidas. Uno las elige, pero es decir, no tienen ninguna autoridad, solo las impuestas de dedo por el partido gobernante», añadió.
A la vez aclaró que «no buscamos reconocimiento sino que el certificado del nombramiento para que ellos puedan dirigir sus comunidades sus territorios, pero eso no existe».
Otra dirigente territorial de Waspam, que también prefiere el anonimato, denunció que el Gobierno tiene a la Costa Caribe Norte en «total abandono», por lo tanto dicho resultado electoral genera más preocupación en la población.
«Cada día estamos más pobres porque no tenemos fondos que ejecutar. No hay más fundaciones, todos estos cambios climáticos nos afecta y la gente después de los huracanes están con el techo de plástico. Las ayudas solo las han recibido los militantes sandinistas», denunció.
«Hay mucha pobreza y no tenemos a quién reclamar. Si reclamamos vamos presos. Aquí en la Costa no hay autonomía. La Constitución de Nicaragua habla de los derechos de los pueblos originarios, pero es pura mentira, no hay ley», añadió la dirigente.
Los líderes indígenas señalaron también que la Ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, tampoco se cumple.
«La ley existe, pero ha habido saneamiento, lo que tenemos son más y más invasores de colones que tienen compromiso con el gobierno, con el Estado. Nos están quitando, nos están desalojando de las tierras indígenas, de todo», denunció el líder comunitario.
Por su parte, la dirigente territorial manifestó «la gente que vive de su agricultura no puede ir a sembrar libremente entonces hay más hambrunas, más pobrezas en nuestras comunidades, y más adelante no vamos a tener ni de donde sacar una madera para reparar nuestras casas, porque están terminando, hay miles de problemas».
Un experto en temas municipales coincidió en que en estos comicios el régimen abusó de su poder y se adjudicó alcaldías históricamente antisandinistas.
A su vez reconoció que “este comportamiento ya lo veíamos antes de las elecciones del 6 de noviembre, porque expulsó a los alcaldes de CxL”.
En julio pasado, la Policía del régimen se tomó las alcaldías de Santa María de Pantasma, El Cuá, San Sebastián de Yalí, El Almendro y Murra, ganadas por Ciudadanos por la Libertad (CxL) en las elecciones municipales de 2017.
“Eso indica que a pesar de las presiones (internacionales) quiere permanecer en el poder y controlar todo a nivel local y nacional”, dijo el experto, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Asimismo advirtió que “esto viene a generar una involución en el desarrollo local. Con esto prácticamente enterraron cualquier posibilidad de cierta autonomía municipal y que los territorios decidan cómo digamos iban a utilizar sus recursos. Estamos retrocediendo 60 años de democracia y volviendo a un Estado centralista y sumamente represor”.
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