Piero Coen Urbilla. Foto tomada de Estrategia y Negocios
Al menos dos propiedades del empresario Piero Coen Ubilla fueron confiscados este viernes, según información publicada por el Diario La Prensa. Contra el empresario nicaragüense existe desde marzo una acusación donde la víctima es el Estado de Nicaragua.
Los policías allanaron la vivienda de Coen ubicada en Las Colinas y también en el Complejo Viejo Santo Domingo. La razón aún se desconoce, sin embargo, la Policía dice que serán propiedad del Estado de Nicaragua.
La acusación en contra del empresario se presentó el 27 de marzo en el Juzgado Noveno de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua.
Esa judicatura está a cargo de la jueza Karen Venessa Chavarría, la misma que impuso varias condenas contra personas presas políticas.
El empresario es propietario de la empresa de remesas Westerm Unión que funciona en Nicaragua, Centroamérica y varios países. Coen es el presidente del Grupo Corporativo Coen, cargo que asumió en 2016.
Recientemente, el régimen de Daniel Ortega impuso el primer golpe al gran capital de Nicaragua, multando con aproximadamente 200 mil córdobas a la empresa Nicaragua Sugar Estates Limited (NSEL, por sus siglas en inglés), propiedad del consorcio del Grupo Pellas, liderado por el empresario Carlos Pellas.
El Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua (Procompetencia) ordenó la multa y acusó a la empresa de prácticas anticompetitivas.
Esta acción fue anunciada por el propagandista William Grigsby en su programa radial del 24 de mayo en la radio La Primerísima. «Toda esta pandilla financió compra de armas, sostenimiento de los tranques, campaña de desinformación y de calumnia», dijo.
Además amenazó a Piero Coen de ser «lavandería (de dinero ilícito)», relacionados al narcotráfico.
Desde el año 2022, el régimen desató confiscaciones y apropiaciones de propiedades, pero el golpe más duro se anunció con las confiscaciones a los 222 excarcelados políticos, desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero.
Incluso el 9 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el «decomiso de todos los bienes inmuebles, acciones y sociedad mercantiles» a 222 expresos políticos de Nicaragua.
La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó a la Procuraduría General de la República expropiar a los excarcelados.
«Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país», señaló la CIDH.
De las 3321 oenegés canceladas de noviembre de 2018 a marzo de 2023, medio centenar han sido confiscadas, con un total de 87 propiedades verificadas por la alianza periodística integrada para esta investigación.
Otras decenas de propiedades también han sido arrebatadas a medios de comunicación, empresarios y representantes del sector privado, sedes diplomáticas, y ciudadanos “desnacionalizados” por órdenes orteguistas, sumando más de un centenar y medio de propiedades usurpadas, en una trama en la que han participado una docena de instituciones públicas.
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